"La presión político-mediática ha viciado el proceso"

El PSOE acata la sentencia que condena a 10 años de prisión a José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex director general para la Seguridad, pero discrepa "radicalmente" de ella al considerar que se les ha condenado sin pruebas. Los socialistas sitúan todo el caso en el contexto de una operación montada tras las elecciones de 1993 para desplazarlos del poder y acabar con Felipe González. Así, denuncian que "la intolerable presión político-mediática sobre el tribunal con el fin de quebrar su independencia e imparcialidad ha contaminado políticamente el proceso y viciado su desarrollo". Por tanto, piden a los ciudadanos que con su voto les ayuden a "restablecer las reglas del juego" y defender la democracia y la libertad y dignidad de los condenados. Todos estos conceptos constituyen la posición oficial y única del PSOE tras varias reuniones de sus máximos dirigentes.

La única voz discrepante fue la del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que llegó a decir a sus compañeros que no acataba el fallo porque se ha dictado sin las debidas garantías judiciales. Pero nadie quedó insatisfecho. Aunque se haya optado por el tono templado y se haya tenido cuidado con no situarse en posiciones marginales, los diez puntos de la declaración de la Comisión Ejecutiva Federal recogen todas las consideraciones desgranadas estos días por los socialistas.El documento empezó a escribirse a las nueve de la tarde del miércoles por los siete miembros de la dirección elegidos al efecto: José Borrell, Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba, Ciprià Ciscar, José Bono, Manuel Chaves y Narcís Serra. Felipe González les acompañó hasta las doce de la noche, pero no intervino en su redacción, que se prolongó hasta las dos de la madrugada. El siguiente paso se dio en la mañana de ayer con los secretarios regionales. El último fue la aprobación del texto por la Comisión Ejecutiva.

Aunque acata la sentencia, el PSOE discrepa de ella porque, afirma, no hay prueba alguna de la culpabilidad de José Barrionuevo y Rafael Vera. Esta convicción la comparten los cuatro magistrados del Tribunal Supremo que entienden que las acciones de los GAL nunca fueron asumidas por el Gobierno ni se ha demostrado la participación de ambos en ellas.

La mirada al futuro y la petición a los ciudadanos de que, con sus votos, les devuelvan el poder la dejaron los redactores para el último punto, uno de los más destacados. En él nada menos que afirman la necesidad de que su partido vuelva al Gobierno "para restablecer las reglas del juego" y "defender la libertad y dignidad de las personas inocentes, así como la estabilidad y la fortaleza de nuestra democracia". "Defendiendo estos objetivos, ganaremos política y jurídicamente", concluyen.

Este párrafo llevó muchas discusiones y estuvo retocándose hasta el final, ya que tanto el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, como el candidato a la presidencia del Gobierno, José Borrell, pidieron y consiguieron que de la última frase se quitara el objetivo de "ganar la batalla" para así evitar connotaciones belicistas. También hubo dudas, aunque al final se dejó, sobre la conveniencia de decir que el PSOE ganará "jurídicamente", pues no está personado en causa alguna ni lo va a estar.

En el Consejo Territorial de ayer se registraron los más vivos debates. Su principal promotor fue Rodríguez Ibarra, que tuvo como oponentes a Borrell, Bono y otros miembros de la Ejecutiva. La controversia no supuso malos modos, tensión o crispación, ya que, en definitiva, se consideraba clara la buena fe de Ibarra.

Las alusiones del dirigente extremeño a los ministros del Interior del postfranquismo, Manuel Fraga, y de la UCD, Rodolfo Martín Villa, no tienen ningún sentido jurídico ni político para quienes le rebatieron. Además, la tesis de Ibarra de airear los etarras asesinados en acciones ilegales con siglas distintas a la de los GAL tampoco lo tiene para la mayoría.

Bono mantuvo que el partido defiende a Barrionuevo y Vera por su convencimiento de que son inocentes, por lo que no entrarán en el juego de que también en tiempos de Fraga y Martín Villa hubo asesinatos sin que ellos hayan sido molestados nunca.

Así, pues, todos rechazaron el discurso de Rodríguez Ibarra de que con todos los Gobiernos hubo acciones ilegales, pero sólo los socialistas van a la cárcel. Tampoco prosperó su propuesta de añadir al programa electoral del partido "la excarcelación" de los condenados mediante un indulto firmado por un Gobierno del PSOE.

Los socialistas también concluyeron que no deben hablar de indulto porque antes hay que agotar las vías del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. No obstante, advirtieron igualmente de que desde la dirección no puede hipotecarse a los condenados por si llegara un momento en que ellos mismos quisieran acogerse a esa medida de gracia.