Un mes después de su exculpación en el "caso Raval", los padres del menor C. siguen sin verle y sin recuperar su tutela

Hace ahora un año el menor C. era apartado de su familia e ingresado en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAI). El motivo era la acusación de prostituirlo que pesaba contra sus padres, incluidos en el sumario del caso Raval. El 30 de junio, un auto de la Audiencia de Barcelona exculpaba sin apelación a los padres. Pero un mes después siguen sin ver a su hijo y sin saber cuándo lo recuperarán. Un auto del juez de familia Jorge Maza Domingo, notificado ayer, niega el reintegro del menor al domicilio familiar, solicitado por los padres. El auto se fundamenta en la opinión de la DGAI, partidaria de un retorno "progresivo" del menor a su entorno familiar, pero sujeto, como se cita en uno de los informes técnicos, "a la valoración continuada del seguimiento que hagan los profesionales y a la evolución que experimenten las sesiones psicoterapéuticas familiares que se lleven a cabo". Y se fundamenta también, presuntamente, en una declaración del menor ante el juez de familia. La ley establece que ese tipo de declaraciones son secretas. Sí se conoce, en cambio, la respuesta que C. dio cuando la DGAI le planteó la posibilidad de que sus tíos lo acogieran provisionalmente. "En principio, no. Yo, con mis padres o con nadie, para eso son mis padres". Los abogados de la familia reaccionaron con ira consternada ante el auto del juez. "Un año de martirio", declararon Xavier Melero y Marçal Pi, "no debe de parecerles suficiente. Aconsejaremos a nuestros clientes que presenten una querella por prevaricación contra el juez de familia. Este juez había dictado un auto en el que justificaba las medidas de protección en razón, únicamente, del proceso penal abierto. Y a pesar de que el proceso está cerrado con sentencia firme y favorable, las ha mantenido". Luego los abogados añadieron: "El menor es el principal testigo de cargo en la querella que la familia ha interpuesto contra la policía y la DGAI por coacciones y detención ilegal [querella pendiente de admisión a trámite]. Y tratarán por todos los medios de presión de que el niño no pueda expresar libremente su testimonio. La DGAI cometió error o negligencia gravísimos, que han dado pie a todo el proceso. Y queremos llamar la atención sobre el hecho de que la custodia de un menor la ejerzan aquellos que están acusados de coaccionarle". Este diario trató en vano de obtener la opinión de Ramon Buscallà, responsable de la DGAI. Lacónicamente, un portavoz contestó que se cumplirán las resoluciones del juez de familia.