La Junta andaluza multa a Conde con 50 millones por arrancar 3.000 encinas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer imponer una sanción de 50 millones de pesetas a la entidad Los Carrizos de Castilblanco, SA, propiedad del ex banquero Mario Conde, por infringir la ley forestal de la comunidad autónoma. Según la Consejería de Medio Ambiente, la empresa plantó alrededor de 180.000 olivos y para ello suprimió unas 3.000 encinas adultas, con una edad media superior a los 20 años. La ley andaluza establece que el cambio de cultivos requiere autorización de la Administración.

El expediente abierto por la Consejería de Medio Ambiente imputa a la empresa propietaria de la finca, situada en Castilblanco de los Arroyos, localidad ubicada a unos treinta kilómetros de Sevilla, el cambio de uso del suelo en una superficie aproximada de 570 hectáreas mediante "el decapado del terreno, la eliminación masiva de encinas y la realización de labores agrícolas", se afirma en un comunicado de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz.La sanción impuesta a MarioConde por la eliminación de encinas y el cambio de uso de los terrenos forestales es la máxima contemplada en la Ley Forestal de Andalucía, que castiga con multas de entre 10 y 50 millones de pesetas a quienes cambien el uso forestal sin autorización de la Administración, con independencia de la titularidad de los terrenos.

La consejería inspeccionó la finca en septiembre de 1997, y ordenó inicialmente la paralización de los trabajos agrícolas el día 15 de ese mes, cinco meses después de que se iniciaran los trabajos de destrucción de encinas y su sustitución por olivos. La orden fue posteriormente revocada parcialmente, aunque sólo sobre una extensión de 100 hectáreas. El motivo de la suspensión fue la presión sindical. Comisiones Obreras reclamó a la Junta que no frustrara el trabajo de 200 jornaleros contratados eventualmente por el ex banquero para los trabajos de plantación de los olivos.

La sanción obliga a la sociedad a restaurar, repoblar y realizar las obras necesarias para reparar los daños causados en la finca dentro del primer periodo hábil para la plantación o siembra. La Ley Forestal de Andalucía establece que el cambio de uso de terrenos forestales para cultivos agrícolas requerirá autorización de la Administración.

Sobre esta propiedad de Conde hay otros dos expedientes abiertos por la Consejería de Medio Ambiente andaluza: uno por una posible infracción normativa en materia de prevención ambiental (que puede ser castigada con multas comprendidas entre 10 y 25 millones de pesetas) y otro por la instalación de tres cercas interiores que, según la citada consejería, impiden la circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética en el coto. Las cercas en cuestión dividieron la finca de caza en cuatro zonas distintas sin contar con el preceptivo permiso administrativo e infringiendo la Ley de Conservación de la Flora y Fauna.