La Diputación de Alicante propone que los municipios vigilen más las adjudicciones

Las adjudicaciones por parte de los Ayuntamientos de obras financiadas o cofinanciadas por la Diputación de Alicante estarán más vigiladas a partir del año que viene. Las conclusiones que ayer presentó el presidente de la Comisión de Investigación, César Augusto Asencio, en la última reunión del órgano, incluyen medidas de control para evitar que se den casos como uno de los que llevaron a la creación del órgano investigador: la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Dolores, de obras a la empresa Disercón pese a que ésta no tenía capacidad para contratar obras con la Administración. Dichas medidas incluyen la obligatoriedad de que el secretario del Ayuntamiento certifique que la empresa adjudicataria dispone de la clasificación de contratista. Asimismo, el secretario municipal debe acreditar que las obras no se han iniciado ni contratado antes de la autorización de la Diputación. La Corporación se compromete, por su parte, a enviar trimestralmente la relación de empresas con clasificación de contratista a los consistorios de la provincia. Estas decisiones comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999. Las conclusiones presentadas ayer por Asencio apuntan a que no hay indicios de ilegalidad en la adjudicación de contrataciones de obras pertenecientes al plan de caminos rurales y al ciclo hídrico de los años 1996 y 1997 a varias firmas vinculadas al empresario oriolano Ángel Fenoll. "De los datos que poseemos puede deducirse que no se dio un trato de favor a las empresas Orcelitana y Disercón , puesto que el porcentaje de contrataciones no destaca por encima del de otras empresas", señaló Asencio. Tanto el PSPV como EUPV votaron en contra de estas conclusiones y anunciaron que emitirán un voto particular en el pleno que se celebrará el jueves.