Un ex directivo del Granada afirma que la asamblea no autorizó la venta del campo a particulares

Guillermo Pérez Hidalgo, un ex directivo del Granada, reconoció ayer ante el juez que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la subasta del solar del antiguo estadio de Los Cármenes, que la asamblea sólo autorizó la compraventa al Ayuntamiento de la ciudad y nunca a terceros. Pérez Hidalgo fue el primero de los ex directivos del equipo de fútbol que declaró como imputado de un delito de estafa. De aquí a septiembre comparecerá el resto de la junta que estaba al frente del club y las restantes personas que participaron en la venta a la empresa Lazasur. Pérez Hidalgo alegó que no tenía nada que ver en la operación, ya que cuando se preparó la venta del solar, había abandonado la junta directiva del equipo. Nadie hacía caso a sus recomendaciones, dijo como argumento de su salida de la junta. Con todo, Pérez Hidalgo admitió que la asamblea de socios que supervisó la operación aprobó vender el solar al Ayuntamiento, que tenía una opción de compra preferente, y no a un grupo empresarial privado. A juicio del ex directivo, el acta de aquella asamblea no recogió fielmente el acuerdo adoptado por la mayoría. El antiguo dirigente del equipo de fútbol, que milita en Segunda División B, añadió que en la reunión general de socios tampoco se especificó el precio de venta ni otros detalles de la operación. Recientemente el juez dictó un auto, que fue respaldado por el fiscal, en el que se prohibió a la sociedad propietaria del campo, Lazasur, disponer libremente del solar. Con esta decisión el juez pretende preservar los derechos del club, de la Hacienda Pública y de terceros "de buena fe". En los próximos días comparecerá ante el juez de Instrucción número seis de Granada, Miguel Ángel de Arco, el resto de los imputados. De lo actuado hasta ahora se deduce que detrás de la venta del solar hay un tremendo embrollo cuya aclaración será larga y compleja. El club ofreció al Ayuntamiento el antiguo estadio de Los Cármenes, siendo presidente de la entidad Cándido Gómez Alvarez, por una cifra que el municipio consideró excesiva respecto al valor ponderado por los técnicos. Una vez rechazada la opción preferente se procedió a la subasta, a la que concurrieron varias empresas, todas pertenecientes al grupo Lazasur. Para calcular la cuantía, Gómez Alvarez se basó en dos informes que elevaban las deudas del club por encima de los 2.000 millones. Posteriormente, el propietario de Lazasur José Julián Romero aseguró que la deuda en realidad estaba inflada y que, una vez terminada la auditoría, oscilaría entre los 1.300 y los 1.800 millones.