Embargo al consistorio de Alcúdia de Crespins por deudas con Caja Rural

Una deuda del Ayuntamiento de L"Alcúdia de Crespins con la Caja Rural de Valencia, por no haber hecho efectivo el Consistorio uno de los plazos de un crédito negociado con esta entidad, ha acabado con el embargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) de la población que ha decretado el Juzgado número 1 de Xàtiva a través de un auto de su titular fechado el 8 de julio. Pero el 14 de este mismo mes, el juez suplente de la sala, Marín Tejerina, decretaba su suspensión mientras se resuelve un recurso municipal.

El pasado año, la Caja Rural concedió un crédito de 24 millones de pesetas al Ayuntamiento de L"Alcúdia de Crespins, una población de La Costera de 4.200 habitantes gobernada desde 1979 por el socialista Vicent Vercher, ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, y una de las pocas de la comarca controlada todavía por el PSPV-PSOE. Aunque el Consistorio disponía de 14 años para hacer frente a la póliza, el impago de un plazo de 1.400.000 pesetas acabó en un juicio ejecutivo de embargo del Ibi y en la petición por parte de la entidad financiera de que se devolviese el importe íntegro del crédito más los intereses correspondientes. La suspensión del embargo, mientras se estudia el recurso del Ayuntamiento y se confirma o revoca la sentencia de ejecución -circunstancia que, muy probablemente, no se producirá hasta el próximo mes de septiembre-, ha sido acogida con satisfacción por parte de Vercher, quien pedía que no dilatase "la toma de decisiones" al respecto para "dar tranquilidad al funcionamiento del Consistorio". Los representantes legales del Consistorio califican el caso de "extraño" y alegan la existencia de un artículo de la Ley de Haciendas Locales que impide el embargo a las administraciones públicas. "Sólo existe una sentencia en sentido contrario de la Audiencia Provincial de Huelva, y aludía al embargo de bienes patrimoniales, nunca de un impuesto", argumentan los abogados del Consistorio. "Respeto las decisiones del juez", explicaba el propio Vercher, "pero está claro de que se trata de un tema único en toda España". "¿Corresponde tanta contundencia al hecho que se ha producido? "No puedo contestar porque no hay precedentes, pero pienso que este tema lo hemos de llevar con la mayor pulcritud posible porque afecta a los ingresos que proceden de mi pueblo y no puedo cometer ninguna equivocación", argumentó Vercher en referencia a las posibles implicaciones políticas de este tema, sobre las que no quiso pronunciarse "por prudencia". El alcalde, por otro lado, aseguró haber enviado una carta al presidente de la Caja Rural, Luis Juárez, el pasado 15 de julio, para tratar de encontrar una salida negociada. "Después de un centenar de llamadas, espero al menos que me conceda una entrevista". Vercher reconoció que el embargo había provocado algunos problemas de tesorería al Ayuntamiento, pero negó que se hubiese producido ninguna quiebra por este tema. "Estamos viviendo de nuestros ingresos ordinarios pero hemos podido hacer frente a la nómina de julio de los trabajadores. Les he pedido comprensión ante un hecho que no es habitual", indicó. Por su parte, Manuel Ballester, presidente del Partido Popular (PP) y concejal de esta formación, la única de la oposición en el Consistorio alcudiense, aseguró no disponer de excesivos datos sobre el tema -"la opacidad es la regla general en este Ayuntamiento y nos pasan poca información", recalcó-, pero aprovechó el conflicto con la Caja Rural para criticar la política municipal del PSPV-PSOE: "Las cantidades que debe el Ayuntamiento son astronómicas para una población de estas dimensiones", añadió Ballester sin llegar a concretar las cifras.