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Editorial:

Vodevil nacionalista

LA QUERENCIA nacionalista por la ambigüedad ha llegado a grados de vodevil en la reunión celebrada la pasada semana en Barcelona por parte de las tres principales organizaciones políticas nacionalistas autonómicas: el Bloque Nacionalista Galego, el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió. De la reunión surgieron dos textos. Una mesurada Declaración de Barcelona, presentada con la solemnidad que corresponde a un texto fundacional y perfectamente acotable al marco constitucional, y un documento de trabajo, al que los nacionalistas vascos y gallegos dieron mucha relevancia al regresar a sus comunidades mientras era minimizado por CiU, en el que se plantean todas las quimeras, entre las que destaca la inexplicada e inasible confederación.Al mismo tiempo se hizo público el manifiesto de una llamada Fundación Barcelona, vinculada a Convergència, que propugna "un catalanismo renovado", e invita a pasar del catalanismo "identitatorio y soberanista" a un catalanismo fundado en los conceptos de "comunidad y de modernidad". CiU pone salas y manteles al rito de la coalición tripartita de nacionalismos y, sin embargo, Pujol y Duran Lleida evitan estar presentes en la presentación de la declaración y difunden el documento de trabajo de tapadillo, como si no fuera del todo con ellos. El propio Pujol ha advertido a su partido que está muy bien lo que se ha hecho con los nacionalistas vascos y gallegos, pero que no es conveniente dar un paso más lejos en esta dirección. Como siempre, una mano en las soflamas y otra en el pragmatismo y la gobernabilidad.

La Declaración de Barcelona no incorpora nada relevante, más allá de los lugares comunes del nacionalismo, como que "al cabo de veinte años continúa aún sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional", algo repetido mil veces por unos firmantes que nutren su ideología precisamente de mantener todas las expectativas abiertas. Sus propuestas son vagas apelaciones a una nueva cultura política en el ámbito hispánico y a la defensa de la diversidad en el ámbito europeo, atribuyéndose, eso sí, un papel de líderes de los pueblos del continente para "encabezar la política de las identidades y de su convivencia positiva y creativa".

El tono del documento de trabajo, en cambio, es completamente distinto y en él se apuesta por un nacionalismo de ruptura con la Constitución. Partiendo del argumento de que el principio de soberanía es radicalmente distinto del de autogobierno, se plantea la superación de la fórmula autonómica "por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición constitucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado y la coexistencia de otras naciones". Naturalmente, el principio sobre el que la argumentación se funda es la autodeterminación, "un derecho colectivo fundamental".

Se entiende el interés del BNG en presentarse en alianza con los otros dos grandes partidos nacionalistas: es un modo de adquirir mayor respetabilidad. También el del PNV, que necesita aliados fuera de Euskadi para vestir ideológicamente sus aproximaciones al mundo de HB y evitar los efectos aislacionistas que su actual rumbo político tiene, a pesar de la comprensión mostrada por Aznar. Se comprende también la posición rupturista de uno y otro, pues no son novedad en sus programas. El misterio radica en saber qué beneficios puede sacar CiU de una alianza revestida de vocabulario radical. ¿Razones electorales? ¿Necesidad de desmarcarse del PP ante las autonómicas? No parece que la derecha económica o el público burgués y bienpensante que constituye el núcleo de la coalición catalana sean muy sensibles al discurso de los nacionalistas gallegos ni contemple con admiración los flirteos del PNV con el mundo etarra.

En cualquier caso, la coalición tripartita nacionalista ha considerado oportuno, aunque sea con el eufemismo de documento de trabajo, poner su programa de máximos sobre la mesa. El debate es perfectamente legítimo. Pero no debería perderse de vista la realidad de la historia reciente. Hace veinte años Galicia, el País Vasco y Cataluña carecían por completo de autogobierno. En este tiempo han alcanzado -en este Estado que les niega la soberanía- cuotas de autogobierno que no se dan dentro de ningún otro Estado europeo. Ellos deben decir explícitamente qué pretenden ahora con estos planteamientos. Pasar de la lógica de la reforma a la lógica de la ruptura a estas alturas no dejaría de ser chocante en personas como Pujol, que han hecho del pragmatismo su segunda naturaleza. Lo que no tiene sentido es ir de garantes de la estabilidad política y provocar al Gobierno del que son aliados sacando a la procesión todos los santos del nacionalismo, simplemente para dar alpiste espiritual a los suyos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de julio de 1998