La oposición aplaude la decisión de la comisión de urbanismo de rechazar el PGOU de Gil

La oposición en Marbella -PSOE, PP e IU- ha expresado su satisfacción por la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo de rechazar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del alcalde, Jesús Gil, que pretendía recalificar como suelo urbanizable 1.100 hectáreas de suelo forestal incendiado y autorizar construcciones en medio centenar de zonas verdes y de equipamiento. Sólo la Federación Andaluza de Urbanizadores ha manifestado su preocupación por la medida de la Junta de Andalucía, que considera que "pone en peligro a este dinámico sector".

El PSOE está convencido de que a Gil "le ha sentado muy mal la decisión cuando creía que lo tenía todo bien atado", después que el alcalde declarase el martes la guerra a la Junta por vetarle el PGOU. Para la portavoz municipal, Isabel García Marcos, el Gobierno andaluz ha puesto freno a un modelo urbanístico "que amenazaba con desfigurar este municipio y que Gil sólo lo entiende como un negocio". El presidente de los urbanizadores, Ricardo Arranz, sin embargo, auguró "consecuencias muy negativas para el sector". Señaló que el rechazo al plan de Gil "condiciona las decisiones de inversión de los empresarios que tienen proyectos en Marbella". Arranz, aunque apoyaba el proyecto municipal de revisión, quiso erigirse en mediador entre el Gobierno local y la Junta e instó a ambas administraciones a buscar "el consenso necesario" para sacar adelante el PGOU, que considera "el marco jurídico indispensable para el buen desarrollo de Marbella". Por el contrario, el concejal de IU Antonio Martín cree que los inversores "de bien" no deben preocuparse. Martín cree que este veto no crea inseguridad jurídica porque existe un plan vigente, el de 1986, con el que "se pueden realizar modificaciones urbanísticas dentro de la ley", y pidió la paralización de las obras ilegales que se están construyendo para que después no se tenga que llegar a su demolición. El PP abogó por "un PGOU sin gazapos, que elimine el sistema de convenios y se base en intereses puntuales de una planificación seria y meditada". Su portavoz, José Figueroa , entiende que "ya es hora de acabar con las decisiones oscuras y unilaterales porque la prepotencia no llega a ninguna parte". Transacciones Mientras, la Plataforma Ciudadana de Marbella, creada hace un año para vigilar la legalidad de la revisión del PGOU, criticó los convenios urbanísticos como forma de hacer un plan de ordenación. Inmaculada Gálvez, su portavoz, indicó que "las zonas verdes o de equipamiento comunitarios nunca pueden incluirse en transacciones de convenios urbanísticos". El PSOE animó a Gil a "tirar de la manta" al entender su declaración de guerra como una forma de "intentar confundir a los ciudadanos y sembrar dudas sobre la honorabilidad de personas, partidos e instituciones". También le advirtió que la directora general de Urbanismo, Josefina Cruz, no dudará, "con arreglo a la ley", de demoler los edificios que se están construyendo en zonas públicas". Mientras, el consejero de Obras públicas, Francisco Vallejo, manifestó en Jaén que la actitud de Gil "es poco defendible", informa Carmen del Arco. En su opinión, existe suelo más que suficiente para atender a la importante demanda de viviendas que hay en Marbella, pero que no se puede admitir que se recalifiquen 60 zonas verdes o que se edifique en zonas forestales. Vallejo dijo que hay posibilidades de efectuar estas medidas, pero no en la medida que Gil quería hacer. Vallejo pidió al alcalde la elaboración de un texto refundido.