La Seguridad Social y la Hacienda vasca no exigieron a "Egin" sus elevadas deudas

El Grupo de Análisis de la Ertzaintza (policía autonómica vasca) realizó en julio de 1996 un informe para los responsables de la Consejería de Interior que revelaba la situación de "quiebra" del grupo de empresas creado en torno a la editora de Egin y llamaba la atención sobre el hecho de que ni la Hacienda Foral de Guipúzcoa ni la Seguridad Social ni los bancos exigieran el cobro de las elevadas deudas que esas sociedades habían contraído. El estudio investiga la situación financiera del grupo entre 1993 y 1996.

Los autores de la investigación señalan que a partir de 1993 el grupo inicia una "tosca huida hacia adelante tratando de alzar sus bienes y ponerlos a buen recaudo de sus acreedores, particularmente la Seguridad Social". Este informe anticipaba ya la acusación por alzamiento de bienes formulada por Garzón. La deuda con la Seguridad Social se elevaba en 1996 a unos 690 millones de pesetas. El informe se refiere a las empresas Orain (editora de Egin), Ardatza y Erigane. Las tres fueron citadas por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al informar el pasado miércoles de la operación dirigida por el juez Baltasar Garzón, en la que éste ordenó el cierre cautelar de Egin y de su emisora de radio. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se resalta la "llamativa y reincidente omisión en el hacer que se percibe en el campo de los acreedores bancarios", aunque considera que quienes debían iniciar acciones legales eran la Seguridad Social y la Hacienda Foral de Guipúzcoa. Ante la posibilidad de que las acciones legales contra ese grupo pudieran colisionar con la libertad de expresión, el informe señala que ésta "no ha de ser sacralizada", igual que no se hace con otros derechos fundamentales como el derecho a la intimidad o el honor.