Gil pretende recalificar 1.100 hectáreas de suelo forestal quemado

El Ayuntamiento de Marbella, con su alcalde Jesús Gil a la cabeza, pretende calificar en su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como terreno urbano casi 11 millones de metros cuadrados (1.100 hectáreas) que corresponden a suelo forestal que ha sufridos incendios en los últimos cinco años. Así lo señala un informe de la delegación provincial de Medio Ambiente, que se opone a la medida. La comisión de Urbanismo se reune mañana para decidir sobre el proyecto de Gil.

El grupo de gobierno de Jesús Gil remitió ayer a la comisión provincial de Urbanismo tres informes sectoriales con los que trata de justificar la recalificación de 1.100 hectáreas de terreno forestal incendiado como urbanizable. La comisión de Urbanismo, que el pasado 12 de julio acordó suspender la revisión del PGOU de Marbella tendrá, mañana, que decidir si las explicaciones del ayuntamiento marbellí son suficientes. La delegación provincial de Medio Ambiente estima en su informe que, de los 17,7 millones de metros cuadrados de suelo forestal a los que el Ayuntamiento pretende dar la consideración de terreno urbano, 10,7 millones "corresponden a zonas incendiadas en los últimos cinco años y que se encuentran en estado de regeneración insuficiente". Recuerda este organismo que la Ley Forestal Andaluza impide la recalificación de estos suelos. Medio Ambiente considera también que otros 764.000 metros cuadrados de terreno no podrían ser recalificados como urbanizables en el nuevo PGOU por tratarse de zonas de "notables valores ecológicos". El informe forestal es el documento más importante solicitado por la delegación de la Junta de Andalucía, después de que la comisión de Urbanismo decidiera el 2 de junio no exigir al Ayuntamiento marbellí el informe de impacto ambiental, tras tener paralizado el PGOU durante dos meses por la falta de dicho estudio. El PSOE presentó el pasado día 26 un recurso ordinario contra este acuerdo, pidiendo su suspensión cautelar al consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo. La portavoz socialista, Isabel García Marcos, recordó ayer a la comisión de Urbanismo que el recurso no se ha resuelto, por lo que pidió que se esperase a conocer la decisión de Vallejo. García Marcos teme que mañana quede resuelta la aprobación del PGOU y que en caso de estimarse necesario el impacto ambiental, se "diese lugar a una situación jurídicamente controvertida". Pleno por sorpresa El equipo municipal celebró por sorpresa, en la noche del martes, un pleno urgente para acordar el envío de los informes forestal y de vía pecuaria, solicitados por la delegación de Medio Ambiente, y otro sobre el patrimonio histórico exigido por la Consejería de Cultura. El gobierno local defiende, con informes técnicos encargados a terceros, la necesidad de recalificar el suelo incendiado para desarrollar su modelo urbanístico. "No se trata de la conveniencia de recalificar terrenos quemados, sino de cumplir la legalidad y actuar sobre las irregularidades que se están cometiendo y son de conocimiento de la Consejería de Obras Públicas", declaró ayer el responsable de Movimientos Sociales de IU, Andrés Cuevas. El representante de IU insistió en que esta aprobación "sería un precedente para que Andalucía se convirtiera de facto en un territorio sin ley en lo que a planeamiento urbanístico se refiere". "La documentación es incompleta y el Ayuntamiento tendrá que contestar globalmente a nuestro requerimiento, entonces será la comisión provincial de Urbanismo la que valore si hay que volver a suspender, aprobar o denegar el PGOU", dijo el delegado de Obras Públicas, Carlos Morales, hace un mes cuando propuso la suspensión del plan. Morales calificó entonces la documentación presentada por el consistorio marbellí como "la suma de numerosos convenios donde el derecho de la ciudad privada se ve más favorecido que los equipamientos e infraestructuras públicos". Gil auguró entonces que la documentación se vería "en la próxima comisión y dirán que subsanemos las diferencias". La Junta entiende que en el PGOU de Marbella hay defectos corregibles, pero otros "difícilmente justificables como la recalificación de 1.100 hectáreas de suelo, la mayor parte de protección especial".