El fiscal anticorrupción pide que se impute a 30 personas en el 'caso Zamora'

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, siguiendo las instrucciones del fiscal general del Estado, presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, una denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa en la Diputación de Zamora. La denuncia en relación con el denominado caso Zamora se centra en el citado delito, y pide la declaración de 30 personas, en calidad de imputados. Sin embargo, no descarta que la tramitación de la causa "permita esclarecer nuevos hechos y delitos distintos".

Las diligencias, que llevan más de un año y dos meses en marcha, tenían dos líneas de investigación: por un lado, determinar si las obras y servicios contratados por la Diputación de Zamora se ajustaban a la legislación vigente sobre contratación pública y, por otro, estudiar los hechos denunciados por José Antolín Martín sobre presunta financiación irregular del PP. Y la denuncia señala textualmente: "No se desprende de tales comprobaciones que se hayan efectuado, en contraprestación por las adjudicaciones, pagos al PP o a alguna otra persona, ello sin perjuicio de que estas sospechas puedan resultar acreditadas con alguna de las personas cuya declaración se solicita".El fiscal Anticorrupción adjuntó a la denuncia, que consta exactamente de 100 folios, los más de 37.000 documentos recopilados en la investigación de la supuesta trama de corrupción fraguada en torno a la gestión del PP en la Diputación zamorana. Jiménez Villarejo asume como "correcta" la figura de la denuncia, en lugar de una querella, de acuerdo con la sugerencia propuesta por el fiscal del Estado, Jesús Cardenal.

Jiménez Villarejo asegura que la denuncia no supone una desviación sustancial del fondo de la querella que propuso a Cardenal en el primer escrito, el 29 de abril de este año, tras concluir la investigación, iniciada por el fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, a finales de febrero del pasado año.

El escrito de denuncia señala que los hechos investigados presentan indicios de "conductas presuntamente prevaricadoras en la adjudicación de obras y servicios" de la Diputación de Zamora durante el periodo investigado (1987-1993). El escrito de Jiménez Villarejo de 29 de abril proponía una querella por prevaricación contra los ex presidentes populares de la institución zamorana Luis Cid Fontán (1983-1991), actual parlamentario regional, y José Antolín Martín Martín (1991-1997), denunciante de la trama. También incluía al vicepresidente y ex diputado de Obras Aurelio Tomás Fernández.

La denuncia presentada destaca que durante la presidencia de Luis Cid se consolidó una forma de efectuar las adjudicaciones de obras y servicios que no sólo no se ajustaba a la legislación vigente sino que, con indicios de que se actuaba con pleno conocimiento de ello, en los trámites legales se limitaba deliberadamente la concurrencia de las empresas que pudieran estar interesadas.

La obra, según la denuncia, "comenzaba a ejecutarse directamente por el constructor arbitrariamente elegido cubriéndose posteriormente este proceder irregular mediante la confección del expediente que, en un inicio, se había omitido".

La denuncia examina las irregularidades más importantes de las detectadas en los más de 50 expedientes de adjudicaciones examinados.

El fiscal considera que los hechos, al margen de que puedan determinarse otros, presentan los caracteres de delito continuado de prevaricación administrativa. Las resoluciones prevaricadoras fueron adoptadas en casi todos los casos por el presidente de la Diputación, bien el titular o el que ejerciera el cargo en funciones, y en algunos supuestos, por el pleno del organismo.

En la denuncia remitida al TSJCL no hay análisis "de ningún tipo" sobre la posible implicación del presidente del Gobierno José María Aznar, que aparecía implicado inicialmente en este caso por la declaración del ex constructor Eduardo Corrales Cavarrot ante el fiscal jefe de Zamora. "En los datos que yo he visto y he tenido ocasión de analizar, no había suficiente fundamento como para llegar a conclusiones en ese sentido", precisó Jiménez Villarejo.

El TSJCL no ha admitido a trámite todavía la querella presentada por los diputados provinciales del PSOE zamorano contra ocho miembros del PP.