Respaldo a la independencia judicial

AL CONCEDER su respaldo al magistrado del Tribunal Supremo Enrique Bacigalupo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido en defensa de la independencia del juez y ha criticado en su médula al diario El Mundo por informaciones que "parecen querer perturbar el normal desarrollo de determinadas actuaciones judiciales en curso". Léase el normal procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño por tres supuestos delitos de prevaricación en su instrucción del llamado caso Sogecable, sobreseído por falta de materia penal. El órgano de gobierno de la judicatura no sólo presta su apoyo moral a un juez (Bacigalupo), sino que, en cumplimiento de su primer deber, sale a salvaguardar el sistema de selección de los jueces, y, por tanto, la independencia de los magistrados. Una independencia que es pieza indispensable en el equilibrio de poderes en un Estado de derecho.La independencia de los jueces no significa que sus decisiones queden al margen de la información veraz, como recordó ayer el CGPJ, ni de la opinión de los medios o de cualquier ciudadano. Pero una cosa es la crítica y otra -de hecho, opuesta- utilizar el chantaje y manipular la información para forzar la recusación o abstención de algún juez sólo porque los autores del ataque consideran que el que toca, el juez natural, no conviene a los intereses de Liaño.

La campaña de El Mundo estaba dirigida en primer lugar contra el juez Bacigalupo, exiliado de Argentina a raíz del golpe de la Junta Militar en 1976, y, de rebote, contra los magistrados de la Sala Segunda que han de juzgar a Liaño, al que la Sala de lo Contencioso del Supremo acaba de rechazar -cabe recordar que con una esmerada justificación- su recurso contra la suspensión cautelar en sus funciones de juez.

En su propósito de apartar a Bacigalupo del tribunal encargado de juzgar a Liaño, el citado diario ha tratado de fabricar, en un ejemplo de reporterismo espurio, una "relación atípica" entre el juez Bacigalupo y un letrado de los querellantes. Para ello no ha vacilado en difundir datos no veraces que se ha encargado de corregir el Poder Judicial. Se suma a ello la manipulación de documentos, en los que la fecha quedaba borrada o se mutilaban datos que, una vez completos, restan todo valor a esas acusaciones. Todo un ejemplo de periodismo que la escuela anglosajona calificó hace tiempo de amarillo.

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, José Jiménez Villarejo, a quien El Mundo distingue habitualmente con sus críticas, apeló al Poder Judicial en busca de amparo para el magistrado Bacigalupo frente a la campaña emprendida por ese diario sobre bases informativas falseadas.

La resolución del CGPJ corrige los datos falsos y respalda a este magistrado o a cualquier otro que pueda ser objeto de un acoso similar. Son varios los magistrados del Supremo que, de un tiempo a esta parte, se ven sometidos a todo tipo de presiones mediáticas -siempre en las mismas tribunas; siempre por los mismos personajes- para condicionar su independencia. Esto es, sus sentencias. Unas veces para condenar, otras para absolver.

En otro editorial panegírico sobre Liaño, El Mundo explicaba ayer las razones de su espuria manera de actuar, al afirmar que ese juez "tuvo la osadía de investigar presuntas irregularidades de Sogecable". Si el juez en cuestión está hoy suspendido cautelarmente en sus funciones no es por "investigar presuntas irregularidades", sino por la supuesta comisión de tres delitos de prevaricación por los que el Supremo ha decidido dictar auto de procesamiento. Hoy, las supuestas irregularidades están en el campo del juez, no en la empresa que éste trató de criminalizar.

El respaldo del órgano de los jueces deja la vía abierta a una posible acción penal por parte del propio juez Bacigalupo contra los intentos de socavar su independencia, aunque en ese caso sus acusadores obtendrían su objetivo, ya que entonces debería abstenerse del caso. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 14.2., insta, en este contexto, al ministerio fiscal "a promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial". ¿Pero quién cree, a estas alturas, que el fiscal general, Jesús Cardenal, vaya a investigar esta interesada campaña?.

En cualquier caso, el acuerdo de ayer del Consejo General del Poder Judicial desnuda a los ojos de cualquier lector objetivo el tipo de periodismo que practican El Mundo y algunos de sus reporteros, para oprobio de sus verdaderos profesionales.