El Gobierno negocia el apoyo del PSOE para su ley de funcionarios

El Gobierno ha anunciado una negociación con el PSOE para conseguir sacar adelante el proyecto de Bases de la Función Pública ante la decisión de Izquierda Unida y de sus socios nacionalistas -PNV y Coalición Canaria- de enmendarlo a la totalidad. El Gobierno concede una gran importancia a este proyecto que reforma la carrera funcionarial, abre la puerta a la movilidad y cubre un vacío pendiente desde la aprobación de la Constitución.

El Gobierno considera el Estatuto de los funcionarios -que afecta a dos millones de empleados públicos- un proyecto estrella en esta segunda parte de la legislatura, junto con la reforma del IRPF y la profesionalización de la mili. Por eso, el secretario de Estado de Administración Pública, Francisco Villar, inició la pasada semana, por encargo del ministro Mariano Rajoy, una ronda de conversaciones con los partidos, sindicatos y autonomías, tras el varapalo que el proyecto sufrió a su paso por el Consejo de Estado.Rajoy manifiesta su intención de seguir negociando para lograr el "mayor consenso posible". Altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas precisan que, tras el rechazo del PNV, CC e IU, la aprobación del proyecto sólo será posible si CiU no enmienda la totalidad del proyecto y el PSOE lo respalda. Por tanto, centrarán las negociaciones con estos dos partidos.

El Gobierno cuenta con una baza para que el PSOE le dé el apoyo parlamentario necesario al proyecto que no le darán los nacionalistas: el respaldo de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Ambas centrales, pese al varapalo que el Consejo de Estado dio al proyecto, conocido el 16 de junio, presionan sobre el PSOE para que lo respalden porque les concede el reconocimiento de la negociación colectiva, fórmulas de arbitraje inéditas en la Administración y, en definitiva, mayor poder sindical.

Los socialistas contemplan, por su parte, numerosas deficiencias en el proyecto. El portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas, José Luis Rodríguez Zapatero, achaca al Gobierno la ausencia de una explicación sobre los objetivos del Estatuto de la Función Pública y creen que puede generar aún "mayor confusión" en la madeja de leyes sobre la función pública ya que su desarrollo se plasmará en unas cien normas nuevas.

En un terreno más concreto atribuyen al Estatuto una minusvaloración de la oposición como sistema principal de acceso a la Administración, una expansión de la libre designación de cargos y una disminución de la transparencia en el sistema retributivo. "Los ciudadanos no quieren más dedo y más arbitrismo. Quieren la Administración limpia y abierta", subraya.

No obstante, los socialistas están a la espera de las modificaciones que el Gobierno introduzca en el proyecto, tras el varapalo del Consejo de Estado, para decidir si se limitarán a enmendar parcialmente el proyecto o defenderán su devolución al Gobierno. Villar confirmó a la representación socialista en un encuentro celebrado hace tan sólo unos días su intención de recoger muchas de las sugerencias del Consejo de Estado que marchan en la dirección crítica del PSOE.

Izquierda Unida (IU) no es sensible en esta ocasión a la presión sindical. Ya ha decidido la presentación de una enmienda a la totalidad. Paradójicamente, los socios nacionalistas del Gobierno mantienen su drástico rechazo al proyecto. PNV y CC mantienen su enmienda a la totalidad de la ley por considerarla excesivamente reguladora para las autonomías. CiU no presentará una enmienda a la totalidad, pero sí numerosas enmiendas.