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Díaz Alperi reconoce presiones "muy duras" de los empresarios en la urbanización de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su concejal de Urbanismo, José Ramón García, ambos del PP, reconocieron ayer que grupos empresariales con intereses en el sector urbanístico presionan "con dureza" para conseguir imponer sus criterios e intereses frente al resto, aunque aseguraron que la autonomía municipal siempre acaba imponiéndose. Esas mismas presiones, que no se precisan, motivaron el martes la paralización del proceso administrativo de adjudicación de un importante proyecto para desarrollar más de 700.000 metros cuadrados.

La adjudicación del Plan de Actuación Urbanística número 1, que afecta a un paraje que linda con los barrios de San Blas, La Florida y Ciudad de Asis, estaba decidida a favor de la mercantil Camservi, integrada en el grupo Ortíz e Hijos, de Alicante. Su proyecto propone construir 3.650 viviendas, una amplia zona verde con forma oval y las instalaciones educativas que reclamaba el movimiento vecinal. Los técnicos municipales, los vecinos y todos los grupos políticos apoyaban la propuesta, que sorprendentemente quedó sobre la mesa después de que el alcalde recibiera una orden en ese sentido procedente de Valencia. El alcalde negó ayer tal circunstancia y aseguró que tomó la iniciativa al objeto de dar tiempo a los concejales y a los técnicos para estudiar con detalle el informe elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, cuya participación en el proceso fue sorprendentemente solicitada por el PP, cuando no es habitual ni preceptivo. El asunto encierra una lucha de intereses empresariales que se perfila al conocer la identidad de los grupos empresariales que avalan la propuesta económica del segundo proyecto en liza. Se trata del presentado por Playas de Orihuela (que plantea construir 5.466 metros cuadrados), respaldada entre otros por Lubasa (dirigida por el castellonense Luis Batalla), Ecisa (del alicantino Manuel Peláez), y Edival, propiedad del valenciano Manuel Pujades. El informe de la Generalitat, cuando menos, resulta sorprendente. Los técnicos de la Administración autonómica señalan que de los cuatro proyectos presentados, dos son perfectamente asumibles: los de Camservi y Playas de Orihuela. Reconoce la consejería que la propuesta de esta última firma vulnera el planeamiento urbanístico de la ciudad por la excesiva edificabilidad prevista, que sobrepasa en 900 viviendas las autorizables. Sin embargo, señala que esa cuestión es subsanable, y a renglón seguido afirma que la oferta de Playas de Orihuela es "la más atractiva". El informe concluye que la ordenación de esa área urbana es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Alicante, por lo que los técnicos se limitan a informar de las bondades y defectos de los proyectos, sin apostar por ninguno de ellos. Es decir, una resolución que no resuelve nada. La paralización del expediente irritó incluso a los ediles del equipo de gobierno. El responsable de Urbanismo, José Ramón García, se mostró contundente ayer al afirmar que no entraba en sus planes volver a estudiar el asunto. "La propuesta está planteada, informada, resuelta y firmada de acuerdo al criterio de los técnicos municipales y los grupos políticos, y no pienso introducir modificaciones", declaró. Para García, está "clarísimo" que el proyecto debe adjudicarse a Camservi. "Para mí el proceso administrativo ha concluido, y no haré caso a comentarios o presiones que puedan surgir", concluyó. El pronunciamiento del alcalde fue similar. Para Luis Díaz Alperi, el proyecto de Playas de Orihuela "no tiene ninguna posibilidad de salir adelante". "La mejor propuesta es la de Camservi, según entendemos todos, y será la que salga adelante", añadió. El primer mandatario local reconoció la existencia de presiones externas "muy duras". "Suele ser habitual que los grupos empresariales con intereses específicos se movilicen e intenten que sus proyectos sean aceptados", suavizó.

La oposición pide explicaciones

La suspensión del debate plenario que debía desembocar el martes en la adjudicación del desarrollo urbanístico de más de 700.000 metros cuadrados en Alicante, decidida unilateralmente por el alcalde, desencadenó una oleada de protestas de los partidos de la oposición, que ayer pasaron a analizar el caso desde una perspectiva política y pareja a la lectura empresarial y económica. Desde las filas del PSPV, EU y NE se insiste en reclamar explicaciones al equipo de gobierno, que hace frente a la tormenta como puede y sin explicar con claridad qué elemento distorsionador se impuso al criterio unánime del Consistorio. Todos apuntan a la cúpula regional del PP como la única capaz de interferir hasta el extremo de "desautorizar" a sus representantes locales. Así, para EU la llamada telefónica que neutralizó el expediente partió del consejero de Urbanismo, José Ramón García Antón, mientras NE asegura que fue del titular de Presidencia, José Joaquín Ripoll, tras una orden que habría partido del presidente Zaplana. El PSPV no entra en las apuestas, y Díaz Alperi insiste en que la llamada fue de su esposa por un asunto doméstico.

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