Presiones empresariales consiguen paralizar un importante proyecto urbanístico en Alicante

Todo estaba preparado y bien atado. La propuesta del concejal de Urbanismo de Alicante, José Ramón García, del PP, para urbanizar más de 700.000 metros cuadrados del casco urbano contaba con el beneplácito de todos los grupos políticos municipales e incluso con el apoyo del movimiento vecinal. Iba a ser la primera vez en el actual mandato que se alcanzaría la unanimidad en materia urbanística, pero una llamada telefónica fue suficiente para detener el debate y paralizar, al menos hasta final de mes, el expediente, sometido a fuertes presiones empresariales.

La llamada procedía, al parecer, de Valencia, y supuso la confirmación de que las presiones empresariales consiguieron imponerse a la voluntad del equipo de gobierno. La adjudicación del Plan de Actuación Urbanística (PAU) número uno de Alicante lleva camino de convertirse en un escándalo sin precedentes por los intereses político-económicos que encierra y porque, de momento, ha colocado entre la espada y la pared al PP, que dispone de mayoría absoluta en el Consistorio pero, a lo que se ve, muy poca capacidad de maniobra en lo que a asuntos urbanísticos se refiere. Se trata de un territorio considerable (720.000 metros cuadrados exactamente), sobre el que se podrá edificar entre 3.600 y 4.500 viviendas de nueva planta y que albergará además zonas verdes y dotaciones públicas educativas. Un negocio, en definitiva, de decenas de miles de millones de pesetas que se disputan importantes promotoras valencianas. De acuerdo al articulado de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), el Ayuntamiento recibió hasta cuatro proyectos técnicos para dar forma urbana a un apetitoso paraje que se extiende entre los populosos barrios de La Florida y San Blas. Las opciones fueron avaladas por las mercantiles Playas de Orihuela, Enrique Ortíz e Hijos, Camservi y Nuepro. Los técnicos municipales, partidos políticos y vecinos de los barrios afectados estimaron que el mejor proyecto, por volumen de edificabilidad a la baja (3.625 viviendas), dotación de zonas públicas y disposición para acoger un colegio, era el de Camservi, una empresa perteneciente al grupo de Ortíz e Hijos, por lo que desde el principio se dio por hecho que sería esta mercantil la que conseguiría la adjudicación con relativa facilidad. El expediente siguió su curso hasta conocerse las propuestas económicas que avalaban cada una de las opciones técnicas, proceso que deparó sorpresas. El proyecto de Playas de Orihuela, que plantea edificar un total de 5.466 nuevas viviendas, tenía el respaldo de una Agrupación de Interés Urbanístico (integrada por los propietarios de al menos el 51% de los terrenos), y la firma Hipana, participada por poderosas constructoras y promotoras entre las que destacan Lubasa (dirigida por el castellonense Luis Batalla), Ecisa (del alicantino Manuel Peláez) y Edival, en manos del valenciano Manuel Pujades, un promotor que ha irrumpido con fuerza en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Valencia. Además, el proyecto llevaba la firma de Roberto Pérez Guerras, un arquitecto que participa en algunos de los más emblemáticos proyectos del PP valenciano, entre los que destacan Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. Para los partidos de la oposición, esos empresarios han presionado a la cúpula del PP regional hasta conseguir paralizar un expediente que les era desfavorable. Con todo, los técnicos del Ayuntamiento y de la Consejería de Urbanismo coinciden en que el proyecto de Camservi supera, con mucho, al de Playas de Orihuela, que por otra parte incumple el planeamiento urbanístico por superar en más de 900 viviendas la edificabilidad máxima autorizada en esa zona de la ciudad. Por si este argumento no fuera suficiente, se estimó que la Agrupación de Interés Urbanístico era de dudosa representatividad dado que incluía terrenos situados fuera del área afectada. Con todos los informes favorables, el equipo de gobierno decidió incluir el asunto en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento, por vía de urgencia, una vez asegurado el apoyo unánime de los grupos municipales. Minutos antes de iniciarse el debate referido a ese punto, el alcalde atendió una llamada telefónica en el mismo salón de plenos, y acto seguido anunció un receso en la reunión, tras el cual decidió suspender el debate y dejar sobre la mesa el asunto hasta el próximo pleno, que está previsto que se celebre el día 29. La reacción de la oposición fue contundente. Los portavoces del PSPV, EU y NE coincidieron en apuntar a la figura del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, como autor de la llamada telefónica que interfirió en el desarrollo del pleno. "El PP y Zaplana gobiernan Alicante desde Valencia, a golpe de teléfono rojo por el que se ordenan los pasos a seguir", señalaron. De "atentado contra la autonomía municipal" y "suceso inadmisible" fue calificada la escena, mientras todos miraban de reojo al responsable del departamento de Urbanismo, José Ramón García, que no pudo sacar adelante su propuesta.