Una sentencia destaca el valor del lago para impedir que Cullera urbanice cinco kilómetros de costa del paraje

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha ratificado el enorme valor ecológico del lago de L"Albufera. La sala de lo contencioso-administrativo de esta instancia ha rechazado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Cullera contra la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (COPUT), el departamento del Consell que enmendó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad de La Ribera Baixa por no respetar el ámbito del Parque Natural. El consistorio pretendía -aspiración a la que no ha renunciado- permitir la construcción de varios complejos, de uso básicamente turístico, en cinco kilómetros de su litoral colindantes con el lago y enmarcados en un área de especial protección. La COPUT, en una decisión tomada en mayo de 1995, cuando el PSOE gobernaba en la Generalitat, no aceptó las pretensiones del ayuntamiento. La consejería sancionó la ilegalidad de la iniciativa municipal mediante la declaración de impacto ambiental, que dejó sin efecto parte del PGOU aprobado en octubre de 1994. El Tribunal ha desestimado el recurso del consistorio al entender que la especial protección de L" Albufera está justificada tanto desde un punto de vista legal como desde la perspectiva medioambiental. Así, los magistrados subrayan que el Ayuntamiento de Cullera "olvida" la vigencia y efectividad de la Ley de Espacios Naturales y Protegidos de la Comunidad Valenciana, una normativa aprobada en noviembre de 1994 que recoge la importancia del lago. L"Albufera, tal como apunta el fallo, figura en varias listas internacionales entre los humedales más valiosos de Europa (como la directiva de Hábitats y el Convenio Ramsar). Además, el tribunal entiende que "no cabe duda alguna acerca de la competencia de la Generalitat valenciana para velar por el medio ambiente", por lo que, añade, "las medidas de protección de los espacios naturales prevalecen, incluso, sobre el planeamiento urbanístico". La sala remata su argumentación al afirmar que la decisión del Consell está "plenamente justificada" por varias razones: la ley "obliga a la Comunidad Autónoma a preservar aquellas zonas incluidas dentro del espacio natural"; la decisión del ayuntamiento "resulta manifiestamente contradictoria con los valores medioambientales que se pretenden proteger" e incluso el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia al destacar que "la protección de un espacio natural supone un limite al ejercicio de las competencias" de las autoridades municipales. El conflicto entre ambas administraciones ha movido al alcalde de Cullera, Carlos Moreno (UV), a exigir la destitución de su compañero de partido y consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá.