El Gobierno cree "inoportuno" debatir ahora el pacto de Justicia que ofrecen los socialistas

El Gobierno no cree "oportuno" debatir en estos momentos la propuesta de pacto de Estado sobre la Justicia, hecha pública por el PSOE. Desde La Moncloa se explicaba ayer que no es adecuado plantearse determinadas reformas mientras están en marcha juicios como el de los GAL y el caso Liaño. También se admitía ayer desde La Moncloa que la escueta respuesta del Gobierno a la propuesta del PSOE era un trámite para que puedan reunirse José María Aznar y Joaquín Almunia, ya que este último exigió esa condición cuando hace un mes el presidente anunció la entrevista.

En La Moncloa se cree necesario que Aznar y Almunia se reúnan antes de las vacaciones veraniegas para abordar la cobertura de las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, pendientes desde febrero, asuntos de Estado como el terrorismo o la agenda 2.000 y otros aspectos políticos candentes como la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la reforma del IRPF, la educación y la sanidad. No obstante, en el entorno de Aznar cunde un cierto escepticismo sobre la voluntad política de Almunia de celebrar este encuentro, a la vista de la publicidad que el PSOE ha dado a la oferta sobre la Justicia que su secretario general entregó a Aznar en febrero pasado.Almunia ha reiterado que sólo se reunirá con Aznar si el encuentro es útil y se avanza en acuerdos sobre las vacantes del Tribunal Constitucional, cuya negociación está estancada en estos momentos, o en cuestiones como el terrorismo o la Justicia. Esta situación hace prever que la anunciada reunión, hace ya mes y medio, entre Aznar y Almunia no será inmediata.

Andrés Ollero, portavoz del PP en la Comisión de Justicia, descalificó ayer la oferta del PSOE en esta materia al señalar que, con ella, los socialistas pretenden "imponer su modelo de Justicia". Se refiere a que el PSOE ha adelantado que su oferta no contempla cambiar la forma de elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial, como pretende el Gobierno ni echar marcha atrás en la reforma del Código Penal y la figura del Jurado. Los socialistas proponen, además, medidas para despolitizar la Justicia, aumentar las garantías de los acusados, evitar los procesos paralelos y agilizar la Administración judicial.

"Si lo que el PSOE ofrece es un pacto, hay que dar por supuesto que está dispuesto a renunciar a algunos de sus planteamientos. Si no está dispuesto, lo que ofrece es un armisticio, es decir: dejaremos de dar patadas a las instituciones, a condición de que se acepten estas exigencias. Esto tiene algo más de bélico que de pacto de Estado", dijo Ollero.

Una oferta antigua

Teresa Fernández de la Vega, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, recuerda que los socialistas vienen ofreciendo un pacto de Estado sobre la Justicia desde el año 1993, en que estaban en el Gobierno. "El problema del PP es que no tiene política judicial ni un programa concreto" y "ha sido incapaz de hacer nada, desde el Gobierno, ante la deslegitimación que está sufriendo la Justicia. Por eso vemos necesaria nuestra oferta de pacto".De la Vega especifica que su propuesta ofrece medidas para abordar la crisis de la Justicia como poder y como servicio público y se la explicarán a todos los partidos. "Todos los problemas de democracia hay que resolverlos con más democracia".

También se pronunciaron ayer las asociaciones profesionales. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) dijo que el PSOE "no quiere una justicia para los ciudadanos sino para solventar sus problemas penales". Jueces para la Democracia, que califica de "seria" la propuesta socialista, cree que es "muy difícil" que el PP y PSOE se pongan de acuerdo, aunque opinan que deben intentarlo, al menos, en el funcionamiento de la Justicia como servicio público y en la mejora de las infraestructuras para agilizar la Administración judicial.

La Asociación Francisco de Vitoria se opone a que el Fiscal se haga cargo de la instrucción, tal y como propone el PSOE. También discrepa de su oferta de regular la acción popular.

La Asociación de Fiscales aprecia que PSOE y PP comparten "un afán por controlar la Justicia". También se opone a que el nombramiento del Fiscal general del Estado siga siendo tarea del Gobierno.