Condenados a 32 años de cárcel cada uno de los cuatro secuestradores de Ortega Lara
La Audiencia Nacional ha condenado a 32 años a cada uno de los cuatro etarras que participaron en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. La sentencia estima probado que José Luis Erostegui Bidaguren, Javier Ugarte Villar, Jesús María Uribeetxeberría Bolinaga y José Manuel Gaztelu Otxandorena cometieron un delito de secuestro terrorista y otro de asesinato alevoso en grado de conspiración, con el agravante de ensañamiento en ambos casos. La sentencia se conoce cuando faltan unas horas para que se cumpla un año de la liberación de Ortega Lara.
El fallo judicial señala que Ortega ha renunciado a toda indemnización en este proceso, e insiste en la "enorme gravedad" de la detención ilegal "aunque sólo sea por su extrema duración". La sentencia impone a los acusados el pago de las costas (gastos judiciales), incluidas las de la acusación popular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Los condenados pueden presentar recurso ante el Tribunal Supremo.La sentencia señala que para el cumplimiento de las penas de prisión se aplicará lo establecido en el artículo 76.1.a) del Código Penal, que señala que el límite máximo de 20 años podrá ser de 25 "cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión de hasta 20 años".
Dentro de unas horas se cumple el primer aniversario de aquella madrugada del 1 de julio de 1997 en que la Guardia Civil rescató a Ortega Lara pudo del oscuro y húmedo agujero camuflado en una nave industrial de Mondragón (Guipúzcoa) tras 532 días de cautiverio.
El fiscal Ignacio Gordillo solicitó, durante la vista celebrada hace dos semanas, 32 años de prisión para cada uno de los cuatro acusados por secuestro con condición y conspiración para el asesinato. El fiscal, tras señalar que Ortega Lara estaría muerto si la Guardia Civil hubiera abandonado la nave de Mondragón después de tres horas de búsqueda infructuosa, concluyó: "Más terror no cabe. Ortega está en su casa, pero incapaz, en un proceso patológico irreversible e inhabilitado para cualquier profesión. Está con vida, pero habría que preguntarse si eso es vida".
La sentencia recoge todas las tesis del fiscal Gordillo y del auto de procesamiento del juez Javier Gómez de Liaño.
Los secuestradores explicaron en el juicio que Ortega fue objetivo de ETA porque era funcionario de prisiones y militante del PP. Pretendían forzar al Gobierno a que trasladara a los presos de ETA a las cárceles próximas al País Vasco.
El 17 de enero de 1996, cuando Ortega Lara aparcó el coche en el garaje de su casa de Burgos tras terminar su jornada en la prisión de Logroño, fue asaltado por tres individuos que le introdujeron en el maletero antes de meterlo en un camión que escondía un zulo móvil.
El funcionario fue obligado a vivir bajo tierra, en un espacio de dos metros por tres y 180 centímetros de altura, sufriendo la humedad que rezumaban las paredes de madera y padeciendo fiebres, hongos y diarreas.
Creyó que lo envenenarían y sólo tomaba verduras. Perdió 23 kilos. Su desesperación le hizo planear su suicidio, ahorcándose o cortándose las venas y, como nunca perdió la noción del tiempo, fijó para el 5 de julio la fecha de su muerte, después del aniversario de boda con Domitila Díez, con quien tiene un hijo, y de quien pudo recibir una carta en su cautiverio. En la madrugada del 1 de julio de 1997 Ortega Lara fue liberado en una operación realizada por 500 guardias civiles y coordinada por el juez Baltasar Garzón.
De forma casi simultánea ETA liberó al abogado Cosme Delclaux, tras siete meses de cautiverio, al abonar su familia un cuantioso rescate.
