La Generalitat reconoce deficiencias en el servicio de atención a menores que sufren abusos sexuales

Después de ser víctimas de abusos sexuales, muchos menores valencianos han tenido que afrontar en los últimos dos años un segundo suplicio en el servicio de atención de la Generalitat: aguardar varios meses en listas de espera y quedarse sin tratamiento psicológico porque no estaba incluido en el convenio firmado entre la Consejería de Asuntos Sociales y un gabinete privado, el SAAS -Servicio de Atención al Abuso Sexual-. Además, las dos psicólogas del SAAS que evalúan a los menores afectados, Esperanza Casals y Fani Tur, no eran supervisadas por la consejería y están expedientadas por el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia tras ser denunciadas por un comportamiento "poco profesional". La directora general de Asuntos Sociales y Comisionada del Menor, María Luisa García Merita, reconoce las deficiencias que ha sufrido este servicio de atención (en el Teléfono del Menor se han recibido numerosas quejas por los "retrasos" y la "precaria atención" que se presta) y justifica su pasividad durante los últimos dos años porque tenía que atender "otros asuntos importantes". Casals y Tur, descargan la responsabilidad de las deficiencias en la consejería. Las psicólogas dicen que el año pasado se vieron desbordadas por los 141 casos de supuestos abusos sexuales a menores que recibieron y "no tuvieron más remedio" que crear una lista de espera. "Cada caso conlleva muchos días de trabajo para evaluar el estado del menor", aclaran. "Nuestra labor comprende sesiones con el niño, orientación a los padres, visionado y estudio de las grabaciones, pruebas psicológicas, atención telefónica y elaboración del informe". Ante esta saturación de casos, el SAAS envió el pasado 18 de septiembre un documento a García Merita, en el que le hablaban de la lista de espera y de que tenían "problemas de orden moral y ético" por retrasar la evaluación de los casos y "problemas legales" porque los jueces les solicitan informes en plazos que apenas podían cumplir. Las psicólogas se quejan de que la directora general se limitó a "aumentar de forma insuficiente" su presupuesto de personal de 2 a 3,4 millones, y que "ignoró" las cartas y las llamadas telefónicas en las que le contaban su saturación. Finalmente, la directora general ha decidido tomar cartas en el asunto: ha dispuesto que sean dos los gabinetes que se encarguen del servicio (se añade el Instituto Espill), ha ampliado el presupuesto de 7,5 a 10 millones y pagará a los psicólogos 35.000 pesetas por caso atendido. Además, Asuntos Sociales ha incluido en el servicio el tratamiento psicológico a los menores cuyas familias carezcan de recursos, y controlará directamente la actividad de los gabinetes. "La consejería nos ha tenido totalmente abandonados, podríamos habernos ido tres meses al Caribe y no se habrían enterado, no han controlado los casos que nos remiten los juzgados y los servicios sociales", admite Casals. Expediente abierto Las dos psicólogas dicen que están expedientadas porque detectaron un abuso sexual y el adulto que se vio implicado en su informe decidió denunciarlas. El presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, Francisco Santolaya, explica que han recibido diversas denuncias contra ellas, que la Comisión Deontológica ya se ha pronunciado (en contra del SAAS, según las fuentes consultadas) y ha enviado el expediente a Madrid, a la Junta Rectora del Colegio Oficial de Psicólogos de España para que aporte el dictamen definitivo, que podría contemplar su inhabilitación profesional. Tanto Santolaya como las psicólogas prefieren no profundizar en los detalles del caso, pero estas últimas se quejan de que los profesionales del colegio que estudian el expediente tienen menos experiencia que ellas. Casals dice que el colegio las ha dejado totalmente desamparadas , mientras que la consejería las ha tenido un año y medio sin cobrar y las ha "abandonado". García Merita dice que no le ha cogido por sorpresa el expediente. "Nos olíamos algo, por eso le dije a mi jefa de servicio que, de momento, no le diera casos nuevos al SAAS", confiesa, "si son inhabilitadas las apartaremos del servicio". También acusa a las psicólogas de actuar de forma "inconsciente" por "crear alarma social" al difundir que se han triplicado los menores que sufren abusos sexuales.