La Audiencia Nacional archiva la causa abierta en 1990 por delito fiscal contra Procivesa

El juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional ha archivado el procedimiento que seguía desde 1990 contra la empresa municipal Promocions Ciutat Vella (Procivesa) por un supuesto delito fiscal. El nombre de Procivesa, junto al de otras 200 empresas, aparecía involucrado en uno de los primeros grandes fraudes realizados con facturas falsas del IVA. El montante global del fraude, descubierto en el otoño de 1990 en Barcelona, ascendía a unos 10.000 millones de pesetas. Pese al tiempo transcurrido, el juzgado todavía no ha concluido la instrucción del caso.

Procivesa, la empresa municipal que ha ejecutado gran parte de la reforma urbanística de Ciutat Vella, fue implicada en el fraude por una operación realizada con Pere Bou Sardañes, considerado el cerebro del fraude, que utilizó una decena de sociedades inactivas para instrumentalizarlo. La empresa municipal compró una finca -situada en el número 21 de la calle de Junta de Comerç- por 60 millones de pesetas a la empresa Junco 86, controlada por Bou, a través de la sociedad Finser 81, que en realidad era una de las sociedades pantalla que utilizaba el cerebro del fraude para la emisión de facturas falsas. En el caso de Procivesa no mediaron facturas irregulares, pero la empresa que vendió el edificio a la sociedad municipal lo había comprado, en el mismo acto notarial, a otra de las sociedades de Bou -Junco 89- por 32 millones. El juez Emili Soler consideró injustificada esta diferencia de precio e investigó si ocultaba un delito fiscal. El magistrado llamó a declarar como inculpado al gerente de Procivesa, Francesc Compte, y como testigo a Joan Clos, actual alcalde de Barcelona, que entonces era segundo teniente de alcalde y vicepresidente de Procivesa. En la declaración que prestó entonces, Clos argumentó que los 60 millones pagados fueron considerados un precio adecuado a la realidad del mercado de aquel momento. Clos declaró que el gerente de Procivesa tenía capacidad para decidir la compra de inmuebles hasta un límite de 60 millones sin informar previamente al Consejo de Administración de la sociedad. El juez resolvió en marzo de 1992 suspender la inscripción registral de la compra de Procivesa hasta aclarar definitivamente la operación. Sin embargo, la causa fue remitida poco después a la Audiencia Nacional ya que las sociedades implicadas estaban repartidas por toda España. Ocho años sin juicio Inicialmente se hizo cargo del caso el juez Miguel Moreiras y, tras su destitución, seis años después, pasó a la magistrada María Teresa Palacios, actual titular del juzgado central número tres, que ha dictado un auto de sobreseimiento respecto a Procivesa y otras cuatro empresas más. El auto no argumenta la decisión y sólo indica que no se cometió delito. Ocho años después de haberse abierto este caso, el primero de los grandes procesos judiciales por delito fiscal, todavía no se ha celebrado juicio. Las sociedades utilizadas para el fraude vendían a las empresas interesadas facturas falsas que luego utilizaban para recuperar un IVA que nunca había sido pagado. Al descubrirse el fraude, el juez decretó prisión para varios asesores fiscales e intermediarios. Una de las firmas supustamente implicadas en el fraude con un mayor volumen fue, según las investigaciones judiciales, Cubiertas y MZOV para la que el juez fijó una fianza de cerca de 900 millones de pesetas.