Amnistía denuncia el grave aumento de los crímenes amparados en la religión

Bajo el título Un año de promesas rotas, Amnistía Internacional (AI) presentó ayer en Madrid su informe anual. A través de más de 400 páginas, esta organización mundial expone un panorama nada optimista de los derechos humanos en más de dos terceras partes de los países del mundo. Durante el año pasado, 141 países engrosaron las filas de los Estados que abusan de los derechos con atrocidades cometidas por sus Gobiernos y los grupos armados de oposición.

Homicidios ilegales, torturas, desapariciones y el encarcelamiento de personas a las que AI considera presos de conciencia son ejemplos de la crueldad e injusticia perpetrada con total impunidad por esos 141 países.«Llevados por la conveniencia política y el interés, los Gobiernos siguen pisoteando los derechos de sus ciudadanos para mantener el poder y los privilegios de unos pocos», sentencia el informe. Y prosigue denunciando un hecho relativamente nuevo y profundamente preocupante: que algunos Gobiernos estén tratando de excusar esta conducta poniendo en entredicho el espíritu de «la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos». Esta actitud es la ejercida por países que, esgrimiendo razones religiosas o culturales, violan los derechos humanos con mutilaciones genitales femeninas o aplican penas judiciales crueles e inhumanas como la lapidación, la flagelación o la amputación de miembros. En Europa se experimentó un aumento de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad. España figura, un año más, entre los países que registran casos de torturas. Amnistía denunció con especial énfasis el acoso al que está sometiendo el grupo terrorista ETA a los políticos del Partido Popular (PP).

Cuando se cumplen 50 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las víctimas de las violaciones de estos derechos no han visto aún el mundo libre de crueldad e injusticias que prometieron los gobiernos en 1948. «Para la mayoría de las personas del mundo, los derechos consagrados en la Declaración Universal son poco más que papel mojado», afirma el secretario general de AI, Pierre Sané.

Una promesa que no se ha cumplido para los 1.300 millones de personas que luchan por sobrevivir con menos de doscientas pesetas al día; para los mil millones de adultos, en su mayoría mujeres, que no saben leer ni escribir; para las 35.000 personas que mueren de desnutrición y enfermedades prevenibles todos los días; para los presos de conciencia encarcelados en casi la mitad de los países del mundo, y para las víctimas de la tortura en aproximadamente dos tercios de los países del mundo.

Durante 1997, en 31 paises hubo desapariciones. Las fuerzas de seguridad torturaron o sometieron a malos tratos a personas en 117 países. En 41 de ellos, estos malos tratos tuvieron como consecuencia muertes bajo custodia.

En cuanto a la existencia de presos de conciencia, 81 países tienen encarceladas a personas por su ideología o sus creencias; en 34 Estados, estas personas fueron encarceladas tras someterlas a juicios injustos. Hubo arrestos arbitrarios en 53 países, donde se mantuvo a los detenidos privados de libertad sin juzgarlos. Se llevaron a cabo ejecuciones en 40 países y al menos en 70 hubo presos sentenciados a muerte. A pesar de que el número de países denunciados es menor que en 1996 -152 Estados-, el presidente de la sección española de AI, Andrés Krakenberger, dijo que «no hay demasiados motivos para la alegría».