Petición de cárcel para un sargento por las lesiones que sufrió un soldado

El fiscal militar solicitó ayer dos años de prisión para el sargento del Ejército José Luis Díez Gómez, al que acusa de negligencia profesional cometida contra el soldado de Barcelona Sergio Alonso López, quien en 1993 sufrió un golpe de calor y estuvo en coma 45 días al ser obligado a realizar una marcha militar. Por ese motivo, el fiscal reclama también una indemnización de 20 millones de pesetas por las graves lesiones cerebrales del soldado.Sergio Alonso quedó incapacitado de por vida y recibe una pensión de 284.960 pesetas del Ministerio de Defensa. Su cerebro quedó dañado habla con muchas dificultades, ha perdido la memoria y necesita muletas para caminar, tras estar años en silla de ruedas. Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 1993, durante la marcha de 13,5 kilómetros que realizaron un grupo de soldados del cuartel Alfonso I de Huesca, y a la que fue obligado a participar Alonso bajo la amenaza de quedarse sin permiso. Alonso había estado los días anteriores rebajado de botas, gimnasia e instrucción a causa de esguinces.

Tras hora y media de marcha Sergio Alonso, de complexión gruesa, se notó muy cansado y el sargento, que realizaba funciones de cierra-filas, le vació la cantimplora para que no bebiera. Durante un alto, el soldado vomitó, pero se reanudó la marcha bordeando el pantano de Lesué para iniciar el tramo final con la subida de 414 escalones. El soldado sufrió calambres, mareos y vómitos, pero el sargento, según la versión del fiscal, profirió amenazas para que no se parase e impidió que sus compañeros le ayudasen. Finalmente, Sergio cayó extenuado.

Al iniciarse ayer el juicio por el caso en el Tribunal Territorial Militar Tercero, en Barcelona, el sargento defendió su actuación y recordó que "en las marchas siempre hay gente que dice que no puede y luego continúa". Sin embargo, al final reconoció que "visto lo que pasó, quizás no actué correctamente". El caso había sido archivado en tres ocasiones, pero los recursos de la familia, que solicita ocho años de cárcel y 70 millones, han conseguido que llegue finalmente a juicio.