Los ediles de Gil justifican las concesiones de licencias de obras

Dos concejales del GIL iniciaron ayer la ronda de declaraciones que durante todo este mes llevará a los ediles del gobierno municipal de Marbella a comparecer como imputados en tres juzgados por un presunto delito urbanístico en la concesión de 43 licencias de obras que incluyen zonas verdes o de equipamiento. Los concejales Manuel Calle y María Yagüe afirmaron que aprobaron estos permisos municipales basados en informes del abogado de Jesús Gil, José Luis Sierra. Calle y Yagüe, que señalaron desconocer el urbanismo, admitieron que los informes del arquitecto municipal eran contrarios a las concesiones de estas licencias, pero que ellos votaron a favor de la autorización municipal siguiendo el parecer de Sierra y porque creen en la legalidad de estas obras. Los dos ediles dijeron no saber cuál es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se encuentra vigente, para indicar que un informe del secretario municipal señala que el plan de 1986 no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y que, por tanto, no puede aplicarse. Calle y Yagüe se negaron a contestar a las preguntas formuladas por la letrada de la plataforma ciudadana que promovió estas denuncias, Inmaculada Gálvez. El Juzgado número 1 de Marbella abrió en enero pasado el procedimiento penal -que se encuentra en la fase de diligencias probatorias- contra una quincena de obras, a las que se suman las investigaciones de otras 27 licencias en el Juzgado número 3 y de una en el número 5. Entre las actuaciones urbanísticas cuestionadas se encuentran un edificio ya terminado del alcalde Jesús Gil o la discoteca Olivia Valere, así como una construcción de 10 plantas -donde el PGOU sólo permite cinco alturas y que incluye una zona verde, del desaparecido periodista Antonio Herrero- y un edificio de 11 plantas que construye la empresa Belmonsa, donde sólo se autoriza tres y que ocupa zona verde y vial.