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Los socialistas pretenden reducir el protagonismo de los nacionalistas en la política autonómica

Luis R. Aizpeolea

El PSOE busca un pacto de Estado con el Gobierno no sólo contra el terrorismo, sino también en la política autonómica. Cree que sus acuerdos con los nacionalistas no deben seguir condicionando la política territorial y que ésta debe consensuarse básicamente entre los partidos nacionales. A tal fin, cuando se reúnan, Joaquín Almunia propondrá a José María Aznar un pacto autonómico de cinco puntos y para facilitarlo aparcará su modelo de financiación. El Ejecutivo rechazó el anterior, y único, intento de acuerdo del PSOE por discrepancias sobre el mismo.

El empeño del PSOE en pactar con el Gobierno la cuestión territorial le ha llevado a dar un giro importante. Su secretario de Política Autonómica, Ramón Jáuregui, admite que su Ejecutiva ha adoptado esta decisión al ser consciente de que "la población está pidiendo a voces a los dos principales partidos nacionales, el PP y el PSOE, un acuerdo" al respecto.Por ello, Jáuregui cree necesario algún sacrificio, como aparcar un tema tan controvertido como el modelo de financiación, ya que impediría cualquier consenso. En su opinión, el Gobierno está muy comprometido en ese sentido con los nacionalistas por los pactos de la investidura presidencial de José María Aznar.

Los dos puntos de mayor enjundia de la oferta de Joaquín Almunia, el secretario general socialista, a Aznar afectan precisamente a las relaciones entre ambos partidos con los nacionalistas. El PSOE plantea al Gobierno que los dos se pongan de acuerdo en estabilizar el modelo autonómico y concertar posiciones comunes ante las reclamaciones nacionalistas de dudosa constitucionalidad. Sería el caso de la propuesta de CiU sobre la soberanía compartida. Jáuregui piensa que los nacionalistas no pueden imponer a los partidos nacionales políticas que afectan a todo el territorio nacional simplemente por ser la bisagra en la constitución de Gobiernos coyunturales.

El artículo 150.2

En esta línea, Almunia propondrá a Aznar el acuerdo sobre la utilización del artículo 150.2 de la Constitucion, un mecanismo excepcional que permite ceder competencias exclusivas del Estado a las comunidades. El alto grado de desarrollo autonómico alcanzado va a empujar a las comunidades, sobre todo a las gobernadas por los nacionalistas, a recurrir a esta vía. Por ello, el PSOE solicita un consenso con el Gobierno, apunta Jáuregui.El Gobierno sólo ha hecho uso de este artículo, en tiempos recientes, para la cesión de la competencia de tráfico a Cataluña y, a comienzos de los años 80, para aumentar los techos de Canarias y la Comunidad Valenciana.

La propuesta del PSOE se completa con otros aspectos. Así, ofrece consensuar la estructura de traspasos de los grandes servicos públicos, como el Inem, la Seguridad Social y los aeropuertos, cuestiones sobre las que los nacionalistas vienen reclamando nuevos poderes y que en futuros pactos tratarán de alcanzar.

"Un partido nacional [el PP] no puede decidir de forma bilateral con uno nacionalista cambios que afecten a la estructura de los servicios públicos del Estado. Debe contar con el acuerdo del otro nacional que gobernará España en el futuro", advierte Jáuregui, quien señala el antecedente de los pactos del PP con CiU, en 1996, en los que se determinó la cesión de los puertos a las comunidades.

El PSOE trata de completar el modelo con un reforzamiento de los mecanismos federales de cooperación entre las comunidades. En su planteamiento, pide al Gobierno que tome la iniciativa con la presentación de un plan en la Comisión General de Comunidades del Senado. A modo de ejemplo, Jáuregui indica que el conflicto en relación con las Humanidades debiera haberse resuelto en ese ámbito.

También ofrece el PSOE un calendario pactado para culminar con las reformas de los diez estatutos de autonomía de vía lenta. Estas reformas, cuya tramitación está avanzada en algunas comunidades, suponen la igualación de competencias en materia de grandes servicios entre todas las comunidades autónomas. Por último, propone fijar definitivamente los traspasos en Educación y Sanidad.

Tanto Aznar como el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, sostienen que el modelo autonómico está consolidado y defienden una nueva etapa caracterizada por el estímulo de los mecanismos de cooperación entre las comunidades.

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