La fiscalía de Alicante interna el triple de menores que la de Valencia

Un trayecto de 200 kilómetros en coche policial hasta la tapia que rodea el reformatorio de Burjassot (Valencia). Medio centenar de menores compartieron en 1997 esta experiencia y varios meses de internamiento por petición de la fiscalía de menores de Alicante. En cambio, a pesar de la proximidad del centro de menores, la fiscalía de Valencia apenas solicitó a los jueces el internamiento de 14 niños el año pasado. Tres veces menos que sus homólogos alicantinos.

Uno de los tres fiscales de menores de Alicante, Encarnación Sarabia, busca una "explicación sociológica" al internamiento de estos 46 menores. "Aquí se cometen más delitos en el segmento de edad de 12 a 16 años, el que llevamos nosotros", replica. La fiscal relata que Alicante es un puerto de mar con acceso fácil a las drogas, núcleos de población marginal y mucha violencia juvenil. "Tuvimos un menor que mató a sus padres", añade Sarabia, y reconoce que "a lo mejor no se han llevado a cabo medidas adecuadas de prevención" en este campo, porque el 90% de los menores encerrados estaban inmersos en problemas sociales. Una situación que contrasta con la de barrios deprimidos del área metropolitana de Valencia, como las 613 Viviendas de Burjassot, que hace cinco años tenían media docena de menores internados y que ahora, tras un exhaustivo trabajo de los equipos de servicios sociales de este ayuntamiento, apenas tienen niños en el centro de menores valenciano. A pesar de todo, la fiscal de Alicante insiste en que sólo internan a uno de cada cuatro menores que les llegan, conscientes de que al enviarlos a Burjassot "sufren un desarraigo familiar". La inminente apertura de un centro de la Generalitat en Villena tras una larga espera sin una institución adecuada, servirá, en su opinión, para que los fiscales de Alicante puedan recurrir más a las medidas de régimen semiabierto y a inspeccionar el internamiento. El coordinador de la fiscalía de menores de Valencia, Manuel Dolz, se muestra "respetuoso" con los criterios de sus compañeros de Alicante - "cada fiscalía es autónoma"-, pero recalca lo que dicta la ley: sólo debe internarse a menores que cometan hechos de gravedad, gran violencia o fuerte repercusión social. "Tal vez [en Alicante] tienen muchos menores violentos o los servicios sociales no han realizado todo el trabajo de prevención necesario", apunta. La fiscalía de Valencia apuesta por las medidas en régimen abierto o libertad vigilada, bajo el control de los servicios sociales. "Nuestra tendencia es pedir pocos internamientos", defiende Dolz, persuadido de que no es necesario encerrar a los menores una temporada para protegerlos. "En un estado de derecho no hay que temer al Derecho Penal por su carácter represivo; hay que entenderlo como una garantía que sirve, por ejemplo, para que a los menores, igual que a los adultos, no se les interne por cometer faltas [hurtos o daños por menos de 50.000 pesetas]", aclara. Por eso Dolz es un firme defensor de la aplicación a los menores del derecho penal "con sus garantías", frente a "un derecho administrativo indefinido que puede decidir el internamiento de menores para protegerlos".