Ortega Lara pide no declarar como testigo en el juicio contra sus secuestradores

José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció 532 días secuestrado por ETA, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita que se le exima de comparecer como testigo en el juicio contra sus captores, que se inicia el próximo día 10. Ortega Lara alega que no se encuentra en condiciones físicas ni psíquicas para declarar y adjunta un informe del médico que le trata en el que señala, entre otras cuestiones, que rememorar lo ocurrido y enfrentarse a sus secuestradores podría suponer una grave vuelta atrás en su recuperación.

José Antonio Ortega Lara, ex funcionario de prisiones afiliado al Partido Popular, permaneció secuestrado por un comando de ETA durante 532 días en un zulo subterráneo de cinco metros cuadrados, excavado en una nave industrial en la localidad guipuzcoana de Mondragón, de donde fue rescatado por efectivos de la Guardia Civil. La humedad del cercano río Deba se filtraba al reducido habitáculo. En el momento de la liberación, Ortega Lara pesaba apenas 52 kilos, cuando habitualmente pesa alrededor de 75, su rostro estaba demacrado, su debilidad era extrema y padecía anemia, fuertes diarreas e hipotensión, además de inestabilidad y mareo frecuente. Las secuelas psicológicas para el secuestrado son gravísimas y de evolución imprevisible.

Episodios depresivos

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, el representante legal de Ortega Lara expone que "ante este llamamiento judicial, el dicente, sin ánimo alguno de entorpecer el proceso, pero en uso de su legítimo derecho, manifiesta que entiende que no tiene obligación legal alguna de acudir al juicio y por tanto de prestar declaración en él".En el informe médico que también se ha aportado a la Audiencia, y al que ha tenido acceso TVE, se señala que como consecuencia del secuestro, Ortega Lara padece un cuadro psicótico con síndrome personal, familiar y social y episodios depresivos transitorios. El informe, firmado por el doctor Francisco Javier Calle Leal concluye desaconsejando la presencia del funcionario de prisiones en la vista oral en la que se juzgará al comando etarra que le mantuvo retenido: "La presencia de Ortega Lara frente a un juicio y todo lo que desprende de ello (declaraciones, careos, recuerdos) desaconseja absolutamente su presencia, porque se produciría un desencadenamiento o shock emocional y podría sufrir una involución grave de su estado físico-psíquico".

El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, se ha dado por enterado de la petición de Ortega Lara, aunque sin manifestarse ni a favor ni en contra de su contenido. El fiscal ha instado a la Sala de lo Penal de la Audiencia a que mantenga el señalamiento del juicio en las fechas establecidas -los próximos días 10 y 11 de junio- y por tanto la citación como testigo del secuestrado.

Si el día del juicio Ortega no comparece, la Fiscalía expresará su opinión, seguramente favorable a la continuación de la vista sin que sea imprescindible la presencia del secuestrado, debido a que ya consta una declaración suya en el suma-rio en la que relata lo ocurrido. Aquella declaración se realizó en el domicilio particular de Ortega Lara, en Burgos, con la presencia del juez, del fiscal y la esposa del testigo.

Los acusados en el juicio son Jesús María Uribechevarría Bolinaga, Javier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren y José Miguel Gaztelu Ochandorena. Se les acusa de capturar a José Antonio Ortega Lara y trasladarle hasta el zulo de Mondragón en un habitáculo preparado dentro de un camión de transporte. El fiscal pide 32 años de prisión para cada uno por delitos de detención ilegal (secuestro) y asesinato en grado de conspiración. Además, según la petición fiscal, deberán indemnizar a Ortega Lara con 65 millones.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de cárcel al miembro de ETA Alfonso Castro Sarriegui por haber facilitado a la organización terrorista datos del empresario José María Aldaya Etxeburua, que posteriormente fue secuestrado por la banda. El etarra deberá indemnizar a su víctima con 200 millones de pesetas.