Román actuó como concejal en un acuerdo firmado con su urbanización

El PSOE denunció a la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo urbanístico firmado por el teniente de alcalde Pedro Román, en representación del Ayuntamiento de Marbella, y su abogada Susana Fernández, en nombre de la sociedad del edil, Marbella Sierra Blanca. Por dicho convenio el consistorio se comprometía a la recalificación de unas parcelas de terrenos de la urbanización a cambio de percibir 50 millones de pesetas, una mitad en dinero y la otra en inmuebles. La sociedad solicitaba en el convenio una reducción de edificabilidad que debía incluirse en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, salió días atrás en defensa de su edil para resaltar la legalidad de la compra de la urbanización y preguntarse: "¿Es algún delito que además de ser concejal y sin mezclar para nada el Ayuntamiento pueda seguir desarrollando su trabajo de promotor de más de 20 años?". El teniente de alcalde también aseguró esta semana que nunca mezcló su labor de concejal con la de promotor inmobiliario y que no se realizaron recalificaciones de suelo en su urbanización. Este periódico intentó ayer, sin éxito, tener la versión del edil en este asunto. El convenio urbanístico, que el PSOE remitió al fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, fue firmado el 3 de agosto de 1993 y en él intervinieron Román, "en nombre y representación del ilustre Ayuntamiento de Marbella", y Fernández -en esas fechas administradora única de Marbella Sierra Blanca-, por parte de la urbanización del propio Román. Pueblo mediterráneo Marbella Sierra Blanca solicitaba en el convenio reducir en un 25% la edificabilidad autorizada en dos parcelas, que suman más de 100.000 metros cuadrados de terrenos, para trasladar el sobrante de construcción, unos 6.500 metros cuadrados, a otros terrenos de la misma urbanización. En este suelo, propiedad de la inmobiliaria Tiétar, se proponía levantar un pueblo mediterráneo. La recalificación de suelo se debía incluir en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se encuentra pendiente de la aprobación definitiva. La propuesta del convenio quedaba supeditada a la autorización de los acreedores hipotecarios de estos inmuebles. De no conseguirse este permiso antes de la aprobación inicial del PGOU, el Ayuntamiento se comprometía a sacar adelante la propuesta de Marbella Sierra Blanca a cambio de percibir 50 millones de pesetas. La mitad de este dinero se debía hacer efectiva al mes de la aprobación provisional del PGOU y el resto "mediante la cesión de un inmueble" por parte de la inmobiliaria Tiétar. Román compró en 1992, a la antigua propietaria Elizabeth Brockmann, los 268.000 metros cuadrados de terrenos que ésta poseía en la urbanización y que los bancos, según el edil, le amenazan con ejecutar como garantía de una deuda de 2.000 millones de pesetas. Jesús Gil prestó entonces a Román 100 millones de los 500 millones que éste se comprometió a pagar a la propietaria. Para saldar la deuda de Marbella Sierra Blanca con los bancos, Román entregó 158.000 metros cuadrados de terrenos, vendió otros para pagar una parte a Brockmann y aún le quedan más de 50.000 metros cuadrados de la urbanización. El PSOE denunció la operación de compra de la urbanización ante la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 1996, al entender que se realizó con "procedimientos opacos". A la documentación aportada entonces a Jiménez Villarejo sumó ahora este convenio urbanístico. Román justificó la utilización de sociedades interpuestas para realizar la compra de Marbella Sierra Blanca porque era "una operación muy complicada y conflictiva".