Estafa sofisticada

EL DESCUBRIMIENTO de un sistema de fraude informático que permite alterar la cantidad de gasolina que suministran las estaciones de servicio es un sobresalto más para los consumidores, advertidos desde enero -gracias a un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- de que un grupo de gasolineras practicaba sisas de combustible de hasta el 7% de la cantidad facturada.La novedad última es que, además de los sistemas de fraude denunciados entonces, que eran de naturaleza electrónica o mecánica, el nuevo sistema para estafar a los compradores de gasolina detectado en una estación de Valdemorillo consiste en manipular la placa informática que conecta el surtidor con el ordenador de la estación. Se confirma así la sospecha de que los surtidores pueden manipularse a distancia, lo que hace mucho más difícil la inspección y el control de los aparatos expendedores.

No debe ser casualidad que la gasolinera en la que se ha detectado la alteración informática pertenezca al grupo Villanueva, en cuyas estaciones de servicio se localizó en enero un fraude generalizado por medios electrónicos. Ante semejante coincidencia, la decisión judicial de precintar las placas informáticas de 43 gasolineras de ese grupo, ya inspeccionadas a partir de las denuncias iniciales, es una medida cautelar obligada y que los consumidores deben agradecer.

La demostración de que el fraude en las gasolineras es algo más extendido y sofisticado de lo que en un principio cabía suponer obliga a pedir de nuevo a los responsables autonómicos del consumo que extremen las comprobaciones exhaustivas de la fidelidad de la medición, sustituyan las inspecciones rutinarias por otras imprevistas y que se doten de los medios informáticos adecuados.

Al mismo tiempo hay que pedir que se aplique rigurosamente la ley y que se consideren las alteraciones de medición como una infracción muy grave, de forma que sea posible sancionar incluso con el cierre definitivo las estaciones de servicio manipuladas. Lo que de ninguna forma es admisible es que la Administración, sea la del Estado o la autónoma, pierda la iniciativa en la corrección de este tipo de estafas. Y hay que recordar de nuevo que las compañías petroleras que suministran gasolina a las estaciones de servicio trucadas, e incluso a veces patrocinan las estaciones con su marca, sufren un daño comercial y de imagen que deberían minimizar colaborando en la detección de los fraudes.