El Elíseo niega que vaya a proteger a Juppé de los escándalos

El Elíseo negó ayer formalmente que la Presidencia de la república haya constituido una «célula de crisis» en previsión de que el anterior primer ministro Alain Juppé sea implicado judicialmente en la creación de «empleos ficticios» en la alcaldía de París. Según el diario Le Monde, esa «célula de crisis» dirigida por el secretario general de la Presidencia, Dominique Villepin, ha sido creada con el objetivo de «proteger» a Alain Juppé de la investigación sobre la financiación ilegal del RPR emprendida por el juez Patrick Desmure. El vespertino francés fundamenta la noticia en las declaraciones de un diputado del RPR, mantenido en el anonimato, que asegura que de lo que se trata con la creación de la «célula de crisis» del Elíseo «es ni más ni menos que de establecer en torno a Alain Juppé un cordón sanitario» que le preserve tanto de las pesquisas judiciales como de la acusaciones políticas.La dirección de Le Monde indicó a media tarde que, pese al desmentido formal de la Presidencia, mantiene la noticia en todos sus términos. También Juppé salió al paso de la información con un comunicado en el que denuncia «la evidente presión política y mediática dirigida a influir en la justicia y a perturbar su serenidad», pero no niega, al menos expresamente, que el Elíseo haya asumido su «protección». El ex primer ministro fue secretario general del RPR entre 1988 y 1995 y adjunto a la alcaldía de París encargado de las finanzas entre 1983 y 1995, periodo en el que el alcalde de París era el hoy presidente Jacques Chirac.

La posición de Alain Juppé está pues doblemente amenazada en la medida en que a su responsabilidad como secretario general del RPR, el partido de Chirac, se suma la derivada del puesto de encargado de finanzas que desempeñó en un momento en el que, según determinados testimonios judiciales, la alcaldía de París llegó a crear a cargo del presupuesto municipal unos 300 «empleos ficticios». Estos contratos de los que se beneficiaron amigos, familiares y cuadros del partido que habían perdido sus cargos institucionales en las elecciones costaron anualmente a los contribuyentes de la capital una cifra estimada en 2.500 millones de pesetas.