Such justifica la adjudicación de las ITV con el argumento de que "el PP tiene muchos amigos"

"El PP tiene muchos amigos". "Todos los empresarios de la Comunidad Valenciana son amigos del PP y del gobierno valenciano". Diego Such, consejero de Industria, despachó ayer así las acusaciones de amiguismo de la oposición en la adjudicación de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), privatizadas a primeros de año. Such se negó a valorar el hecho de que numerosos empresarios de la gran patronal sean los adjudicatarios y emplazó a los que tengan dudas a acudir a los tribunales. Una empresa de Orihuela ha recurrido la adjudicación del lote 3.

Such compareció ayer en la comisión de Industria de la Cortes Valencianas a petición del grupo de Esquerra Unida (EU) para explicar el proceso de privatización de las ITV. El consejero defendió que la adjudicación se hizo con "legalidad, publicidad y concurrencia", a lo que añadió la "transparencia" de todo el proceso. Desde las filas de EU, el diputado Alfred Botella aseguró que una de las adjudicatarias, en concreto la del lote que corresponde al norte de la provincia de Valencia, incurre en una incompatibilidad, ya que uno de los accionistas, el empresario Luis Batalla, tiene intereses, a través de su hijo, en empresas relacionadas con el sector de la automoción, aspecto que las bases de la adjudicación prohibían. Este incumplimiento de las bases del concurso ya fue denunciado por esta formación política el pasado mes de abril. Botella señaló que "la consejería disponía en el momento de la adjudicación de suficientes evidencias para no darle la concesión". "Parece que estas adjudicaciones sirvan para pagar favores a amigos", dijo el diputado de EU, que recordó que José Lladró también está entre los relacionados con la firma adjudicataria. Botella aseveró que la consejería ha actuado al margen de la legalidad y pidió a Such que retirase esta adjudicación "antes de que pase de tratarse sólo en el terreno político al judicial". El diputado del grupo socialista Juan Villalba insistió en las prácticas irregulares en la privatización. "Planean muchas sombras en el proceso", señaló Villalba, que recordó que una de las empresas que optaba a la adjudicación, Itevelesa, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia el concurso. El diputado del PSPV dijo que otra empresa, Técnicas de ITV, con sede en Orihuela, ya recurrió durante el proceso de adjudicación la aceptación de una de las compañías que optaba al lote 3, que agrupa a la zona de Buñol, L"Horta Oest, L"Horta Sud, Llíria, Los Serranos, Utiel y Valencia. En concreto, Técnicas de ITV denunció que la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por General de Servicios de ITV, Aguas de Valencia y Aragonesa de Servicios de ITV, que finalmente consiguió la concesión, tenía relación a través de Fomento de Construcciones y Contratas -accionista de General de Servicios de ITV y de Aragonesa de Servicios de ITV- con el negocio de transporte de viajeros. La empresa afectada pidió la exclusión de esta UTE, pero no recibió respuesta alguna de la consejería. El consejero delegado de Técnicas de ITV, Enrique Castaño-Rogel, confirmó ayer a este periódico que la empresa ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano la adjudicación del lote tres. Al margen de las incompatibilidades de la empresa que finalmente se adjudicó el concurso, Castaño-Rogel informó que el recurso también pone en duda el método de baremación de la consejería. "Nuestra oferta era mejor económica y técnicamente hablando", señaló el responsable de la empresa. Este recurso es el segundo que se ha presentado a la privatización de las ITV. Itevelesa, la mayor empresa del sector, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación del lote 4 -correspondiente a la zona de las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana-, alegando que sus rivales en el concurso no acreditaron con suficientes garantías su capacidad técnica y que la empresa adjudicataria, Aseguramiento Técnico de Calidad, tenía en el momento de producirse la concesión un capital social de sólo dos millones y medio de pesetas. Itevelesa también alegó posibles irregularidades entre los socios de la adjudicataria, entre los que se encontraban personas vinculadas a negocios de venta y reparación de automóviles, como es el caso de Manuel Palma. A pesar de estos dos recursos, el consejero se mantuvo en la opinión de que todo fue legal. "El mero hecho de que haya denuncias no quiere decir que no haya transparencia. Si hubiéramos cometido algún error, sentencia habrá y modificaremos nuestra decisión", dijo Such. El consejero de Industria también eludió adentrarse en las críticas de clientelismo vertidas por la oposición: "No voy a entrar en ese juego, que sólo son suposiciones, malos pensamientos y situaciones poco clarificadoras", dijo Diego Such. El consejero se dirigió al diputado Botella y le retó: "Si usted tiene alguna denuncia, ya sabe los mecanismos que hay que utilizar".