El Parlamento aprueba la Ley de Salud con el rechazo de PP e IU

Si fuera por aquello de que la virtud está en el medio, la Ley de Salud, aprobada ayer en el Parlamento, nace con buen pie. En los dos polos, PP e IU. Los primeros sostienen que se trata de un texto "intervencionista" y "desfasado", mientras que los segundos opinan que es una ley basada en "políticas neoliberales" y que responde a criterios de rentabilidad económica. En medio, PSOE y PA, que resaltaron que se trata de una ley "progresista".

El aspecto más novedoso y más llamativo de la ley, que fue aprobada con 51 votos a favor y 44 en contra, es la consolidación de la libre elección de médico especialista y centro hospitalario. Tanto socialistas como andalucistas se esforzaron en explicar que es un texto que garantiza el futuro del sistema público de salud en Andalucía. La oposición, con criterios diametralmente opuestos, criticó el diseño de la sanidad que hace la ley. El portavoz de Sanidad del PP, José Guillermo García Trenado, avanzó que si su formación llega a gobernar cambiará el texto legislativo. La diputada de IU María Mesones lamentó que no se haya conseguido el consenso y arremetió contra el Gobierno por hacer una ley que, a su juicio, responde a una concepción neoliberal de la política. Acuñó Mesones un concepto para definir la ley: romayzación, en referencia al ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría. García Trenado aseguró que el trámite parlamentario ha sido "estéril", ya que, en su opinión, la ley no se ha enriquecido con las aportaciones de la oposición. Criticó también que aspectos fundamentales de la ley se dejen para su posterior desarrollo por vía reglamentaria. "Esta ley no sólo es rechazable ideológicamente, sino que es difusa, y sólo beneficia al Consejo de Gobierno y a los partidos que lo sustentan", dijo García Trenado. Solidaridad Por los socialistas, la diputada Elena Víboras subrayó que la ley consagra "la equidad, la solidaridad y la universalidad para todos los ciudadanos". Animó la parlamentaria socialista a IU a dejar "la demagogia" y a adoptar, con su apoyo, una "actitud responsable". En este sentido ya había incidido anteriormente el diputado andalucista Antonio Moreno, que señaló que es una "ley progresista". Por otra parte, la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, compareció en el Parlamento para explicar la situación de la economía andaluza en los dos últimos años. La consejera hizo un análisis muy optimista de las variables macroeconómicas de la comunidad, a lo que Izquierda Unida replicó con que el Gobierno andaluz practica el "capitalismo puro y duro", mientras que el PP hizo hincapié en que los buenos datos responden a la política del Ejecutivo de José María Aznar. Pedro Pacheco, portavoz andalucista reclamó un esfuerzo inversor a la Junta de Andalucía e instó al Gobierno central y al andaluz a no apropiarse del mérito de conseguir cumplir los criterios de convergencia.