Fuertes discrepancias sobre las competencias del futuro Tribunal Penal Internacional

La comunidad internacional aborda en orden disperso la llamada Conferencia Diplomática que dentro de dos semanas empezará a negociar en Roma las competencias, jurisdicción, financiación y otros aspectos del Tribunal Penal Internacional (TPI), al que corresponderá juzgar a los criminales de guerra. Este tribunal sustituirá a los que juzgan actualmente a los responsables de la violencia en la antigua Yugoslavia y Ruanda.El jefe de la delegación española en la conferencia, Juan Antonio Yáñez, se mostró, sin embargo, convencido de que, «pese a que los flecos pendientes requerirán grandes esfuerzos negociadores», se acabe concretando el 17 de julio, cuando concluye la reunión, «el sueño de una justicia internacional».

Para tratar de impulsar este «sueño», el 1 de junio, justo dos semanas antes de que se celebre la Conferencia Diplomática, magistrados, políticos españoles y responsables de organizaciones no gubernamentales (ONG) se han dado cita en Salamanca, invitados por la universidad, para debatir sobre el futuro TPI.

Al seminario tienen previsto asistir desde la comisaria europea, Emma Bonino, hasta el alto representante de la UE en Bosnia, Carlos Westendorp, pasando por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, y el secretario de Estado de Política Exterior, Ramón de Miguel. La pluralidad de los asistentes ilustra el amplio consenso que suscita esta iniciativa en España. Todos los grupos parlamentarios la respaldaron en su día en el Congreso a instancias de los nacionalistas catalanes de CiU.

Al término de la última sesión del comité preparatorio de la Conferencia Diplomática quedó redactado un borrador que atribuye al TPI competencias en casos de genocidio, agresión, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pese a ello, persisten discrepancias sobre múltiples aspectos: juridiscción del tribunal si el asunto está ya en manos de los tribunales nacionales; reparaciones de los culpables a las víctimas; reservas que podrán efectuar los Estados que firmen el convenio, etcétera.

«La diplomacia española intenta jugar un papel puente entre las diversas posturas», explicó Yáñez. «Lo importante es que el TPI se ponga en marcha cuanto antes sobre una base sólida».