Sindicatos y empresas de correspondencia se movilizan contra la nueva ley postal

Las 200 empresas privadas españolas que se dedican a la distribución de correspondencia y los sindicatos CC OO y UGT han emprendido una movilización contra la nueva ley postal por entender que atenta frontalmente contra la libertad de empresa y pone en peligro el mantenimiento de los puestos de trabajo. De los 5.000 trabajadores que prestan sus servicios en el sector postal privado en toda España, 1.800 lo hacen en las 75 empresas con sede en Cataluña. Los sindicatos han convocado una serie de movilizaciones a las que se suman también los empresarios apelando "al sentido común de los senadores" para que impidan que la ley salga adelante en los términos en los que el Congreso de los Diputados la aprobó el pasado 7 de mayo por considerar que de lo contrario supondrá el cierre de muchas de las empresas y el despido del 60% de los empleados. Un grupo de trabajadores participó ayer en Madrid en la concentración convocada contra la nueva ley. Los dirigentes de la Asociación Catalana de Profesionales y Empresas del Reparto de Correspondencia (ACP) critican que justo cuando una reciente directiva europea defiende liberalizar el sector postal, se promulga en España una ley que, en su opinión, persigue todo lo contrario. Según el presidente de ACP, José Antonio Gaitán, "es absurdo que la ley postal no recoja la letra ni el espíritu liberalizador que sopla desde Europa y que además incurre en clara contradicción con las recomendaciones de Bruselas". Derechos adquiridos La red de distribución privada cubre el 80% del territorio español y es un fenómeno genuino de este país que sólo funciona, pero a menor escala, en Italia. Los empresarios piden que se respeten los derechos adquiridos en 30 años y que no se entorpezca la libertad del cliente para elegir entre los operadores que ofrezcan un servicio de mayor calidad y a mejor precio. Entre los artículos más conflictivos de la ley postal figuran los que impiden a los operadores privados repartir las cartas interurbanas que pesan entre 0 y 300 gramos, es decir, justo las que generan el principal volumen de negocio. El llamado correo de negocios quedará exclusivamente en manos de Correos con la nueva ley. Muchos ejecutivos creen que supondrá firmar el certificado de defunción de sus empresas. Desde el grupo parlamentario del PP, el diputado Cristóbal Pons, encargado de defender en el plenario del Congreso el articulado de la ley, no ve el panorama tan sombrío. "Esta es la mejor ley posible y el impacto no será tan grande en el sector privado como anuncian pues tienen una gran capacidad para adaptarse al mercado", piensa Pons. El diputado popular recuerda que siempre ha estado liberalizado el correo urbano y en cambio el interurbano (que la nueva ley deja en manos parcialmente del operador público-Correos) no lo ha estado nunca, aunque las empresas privadas lo cubrían de forma "alegal". Pons reconoce que con la nueva ley el sector privado pierde una cierta parte del mercado, pero insiste en que la parte más apetecible está en el correo urbano, que mueve el 90% del mercado -sobre todo en las grandes ciudades-, y eso lo van a seguir teniendo. La ley postal se aprobó con los votos del PP, CiU, Coalición Canaria y del PNV. El PSOE votó en contra. Las centrales sindicales reclaman que la ley postal incorpore "medidas de acompañamiento" que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo en el conjunto del sector, mediante la creación de una mesa del empleo que evalúe el impacto que tendrá la entrada en vigor de la ley una vez aprobada en las dos cámaras, y piden soluciones para reubicar a los trabajadores afectados.