El alcalde desoye un año más los avisos del Defensor del Pueblo sobre multas

Madrid - 24 may 1998 - 00:00CEST

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, presidido por José María Álvarez del Manzano (PP), ha hecho oídos sordos por segundo año consecutivo a las recomendaciones del defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, sobre sanciones a los automovilistas que infringen las normas y sobre la notificación de multas.El gobierno de la capital desatendió, igual que un año antes, la mayoría de las sugerencias hechas por Álvarez de Miranda, según se desprende de la memoria anual de 1997, que el Defensor del Pueblo entregó hace unos días en el Congreso de los Diputados.

Álvarez de Miranda insistió durante 1997 en sugerir cambios en la tramitación de las denuncias por aparcamiento en zona prohibida y por exceso de velocidad y criticó la incorrecta notificación de multas que perpetraba el Ayuntamiento de Madrid.

El gobierno de José María Álvarez del Manzano "no aceptó las sugerencias que se le habían formulado", según el Defensor del Pueblo. Álvarez de Miranda solicitó que se consideraran "como incorrectamente practicadas las notificaciones de multas que habían sido rehusadas en los domicilios de los interesados por otras personas diferentes a los mismos". Esta institución sostiene que en los casos en que sólo figure una firma ilegible en el libro del cartero que ha entregado la multa, la notificación de la sanción no debe considerarse correcta hasta que no se publique un edicto.

El gobierno de José María Álvarez del Manzano tuvo que rescindir en 1997 el contrato con la empresa privada EDS, a la que adjudicó la tramitación de las multas, ante las graves irregularidades descubiertas en el proceso de notificación.

Cada día, los agentes municipales cazan a 7.500 automovilistas que se saltan las normas y reciben una multa, pero los servicios del Ayuntamiento de Madrid sólo consiguen cobrar el 8% de esas sanciones.

Para mejorar los raquíticos resultados de la recaudación de multas, el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, decidió hace varios meses comunicar las sanciones a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM). La Dirección General de Tráfico, que consigue cobrar casi la mitad de las multas de su competencia, lleva varios años utilizando este método.

La publicación de las multas municipales en el BOCAM también desató las protestas de los ciudadanos, que se quejaban de que terceras personas pudieran conocer su situación. El Defensor del Pueblos respaldó la legalidad de estas actuaciones.

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Multas a distancia

El Defensor solicita que se entreguen en el acto las denuncias por exceso de velocidad

Los agentes municipales han abandonado la práctica de multar a distancia (con radar) sin comunicar al conductor la denuncia en el mismo momento de producirse la infracción.También ha trasladado el Defensor del Pueblo a los dirigentes municipales la preocupación de muchos automovilistas que se enfrentaban a multas por infracciones de tráfico que no habían cometido ellos, sino otras personas que conducían sus vehículos. Pese a que estos automovilistas habían facilitado al Ayuntamiento el nombre, los apellidos y la dirección de los conductores reales, el municipio no se había conformado y les exigía además el número del documento nacional de identidad o del permiso de conducir de los infractores. El Defensor del Pueblo entiende que no hay ninguna norma que respalde la exigencia de esos datos por el Ayuntamiento.

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