La Ertzaintza compró minas antipersonas para adiestrarse por si las utilizaba ETA

El Gobierno vasco adquirió entre 1991 y 1996 una pequeña partida de minas antipersonas de fogueo con destino a la Ertzaintza. Fuentes de la Consejería de Interior indicaron ayer que no se conserva ninguno de aquellos artefactos, unos 300 en total, destinados al adiestramiento de los equipos de desactivación de la policía vasca, en prevención de que ETA pudiese utilizarlos. El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal, que obliga a destruir las 850.000 unidades que tiene el Ejército español en un plazo máximo de tres años.

El artículo 3 del texto aprobado ayer por la Comisión de Defensa del Congreso, con competencia legislativa plena, afirma que "tan pronto como sea posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de la Convención de Ottawa , todas las empresas productoras de minas antipersonal, así como cualquiera que pueda poseerlas con cualquier propósito, deberán informar al Ministerio de Defensa del total que les pertenezcan o tengan o estén bajo su control y entregarlas para que se pueda proceder a su destrucción".Las fuentes consultadas por EL PAÍS indicaron que, además de las Fuerzas Armadas españolas, estos artefactos fueron adquiridos por el Gobierno vasco, que compró una pequeña partida de fogueo (sin carga explosiva) entre 1991 y 1996. Un portavoz de la Consejería de Interior de Vitoria señaló que su objetivo era adiestrar a la policía vasca en técnicas de reconocimiento y desactivación de estos sistemas, en prevención de que ETA pudiera utilizarlos, aunque nunca lo ha hecho, y agregaron que su mecanismo de detonación es similar al de otros artefactos militares, procedentes de la guerra civil, que todavía se descubren con frecuencia en Euskadi. En todo caso, concluyeron, el lote fue totalmente consumido, por lo que la Ertzaintza no dispone ya de ninguna mina antipersona para declarar o destruir.

El proyecto aprobado ayer, sustancialmente distinto al que remitió el Gobierno, sí afectará en cambio a la partida de unas 2.000 unidades que EE.UU. almacena en la base de Rota (Cádiz) desde la guerra del Golfo, en 1991. El artículo 3 señala que "el Gobierno informará al Congreso anualmente y hasta la efectiva y total destrucción de las minas antipersonal existentes en el territorio español".

La mención expresa al "territorio español", que no figuraba en el proyecto inicial, despeja cualquier duda que pudiese subsistir sobre si la prohibición afectaba a sólo a las minas de las Fuerzas Armadas españolas o también a las que EE.UU, que no ha firmado el Tratado de Ottawa, guarda en España.

Las minas antipersonas han sido motivo de polémica en las maniobras de la OTAN Destined Glory 98, que actualmente se celebran en el Estrecho, ya que la Infantería de Marina norteamericana no avisó hasta última hora de su propósito de emplearlas en el desembarco en la Sierra del Retín (Cádiz).

El número de minas antipersonas de las Fuerzas Armadas españolas asciende a 850.000. Aunque aún no se ha firmado el contrato, está previsto que se destruyan por incineración en la factoría que Fabricaciones Extremeñas (Faex) tiene en la localidad de Navalmoral de la Mota (Cáceres) en un plazo de 30 meses y por un importe de 580 millones de pesetas.

Sólo se conservará "la cantidad mínima absolutamente necesaria" para el adiestramiento en técnicas de detección y desactivación, que el Ejército cifra en 10.000 unidades.

El proyecto no se limita a prohibir las minas antipersonas, sino también de los "vectores o mecanismos específicamente concebidos como medio de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal". En opinión de los expertos, esta definición no afecta a las bombas de aviación que se utilizan para inutilizar aeródromos. El proyecto, que debe ser ratificado por el Senado, ha incorporado una disposición que insta al Gobierno a adoptar "todas las medidas legales, administrativas y de otra índole para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida en esta ley".