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El fiscal archiva la denuncia contra el senador del PP González Arroyo

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha decidido archivar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía de Canarias sobre el senador del PP Domingo González Arroyo por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) del que este último es alcalde desde hace 20 años. El archivo de estas diligencias, se produce semanas después de que Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declarara a la prensa que de su investigación inicial se apuntaban los presuntos delitos de cohecho y prevaricación y que el caso acabaría en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.El pasado día 4, el fiscal envió un informe a la Fiscalía General en el que se limitaba a describir un relato de los hechos sin calificación alguna. El archivo de las diligencias decidido por el fiscal del Estado señala que de las mismas no se desprende presunción de delito y apunta la posibilidad de que los denunciantes de la actuación del alcalde de La Oliva presenten sus quejas ante la vía contencioso-administrativa.

La investigación judicial sobre el senador del PP partió de una denuncia presentada el pasado mes de febrero por Casto Martínez Berriel, ex arquitecto municipal del Ayuntamiento de La Oliva (9.000 habitantes), ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El denunciante es militante del Partido Popular e hijo de un dirigente de esta formación política en las islas. "La investigación del fiscal jefe de Canarias se ha limitado a una parte mínima de mi denuncia, exclusivamente a las presuntas irregularidades en la urbanización de Corralejo Playa. No comprendo por qué no se ha investigado nada más. Estoy sorprendido y decepcionado", señaló a este periódico Martínez Berriel.

Negocio privado

Según el denunciante, Domingo González Arroyo ha convertido el Ayuntamiento de La Oliva, el más turístico de la isla, en un negocio privado. El técnico municipal le acusaba de tráfico de influencias y cohecho, así como de establecer un sistema ilegal en la concesión de las licencias de obras en este municipio. Las normas internas del Ayuntamiento de La Oliva establecen que cualquier persona que desee una licencia de obras deberá entrevistarse personalmente con el alcalde. Durante los últimos 10 años los informes técnicos de esas licencias han sido redactados por un perito electricista, colaborador de Domingo González.El fiscal del Tribunal Superior de Canarias tomó declaración durante las diligencias previas a tres personas, dos técnicos municipales y a Pedro Amador, secretario de la sociedad Corralejo Playa, S. A., que preside el alcalde y cuya propiedad se reparten entre el Ayuntamiento (un 55%) y la sociedad de seguros Cahispa (un 45%). El PP creó una comisión de investigación que hasta el momento no ha hecho públicas las conclusiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de mayo de 1998