Por la prosperidad hacia la discordia

Por fin se ha confirmado que todos los euros serán redondos y que tenemos un Gobierno capaz de tomar los trenes en la estación de salida. Es algo histórico que sólo el sectarismo de los medios desafectos tarda en reconocer o se esfuerza en tergiversar. Ya se oyen las voces de los próceres del PP lamentando las abismales distancias entre las realidades beatíficas que el Gobierno logra en favor de todos los españoles, en especial de los más necesitados, y las percepciones públicas, en absoluto acordes e incluso llenas de reticencias. Parece como si el Gobierno fuera inválido para traspasar la barrera de la comunicación. Por eso prende el sentimiento de ingratitud entre los consejeros áulicos del poder más aún cada vez que las encuestas ofrecen valoraciones de líderes o pulsan intenciones de voto.Entonces, algunos ministros que deberían besar por donde pisa Miguel Ángel Rodríguez se atreven a culparle del déficit de entusiasmo público por el Gobierno. ¿Es que alguien en su puesto podría hacer más, habida cuenta de la orfandad mediática en que se encuentra el PP? ¿Qué suponen las cadenas de TVE, las cadenas de las comunidades autónomas gobernadas por los nuestros, la incipiente Vía Digital, las insaciables radios episcopales, algún diario afín como El Mundo, algún semanario como Época, y las ajustadas inversiones en el área multimedia de empresarios independientes, a los que encima buscan desautorizar por su pasada condición de ocasionales compañeros de pupitre de Aznar..., qué supone, repetimos, esta mermada y desigual hueste frente a la confabulación mediática hostil en perfecta formación que tiene como terminales políticos a determinados dirigentes del PSOE? ¿De qué sirvió la victoria de Aznar sobre Borrell si al día siguiente era irreconocible en los medios?

Pero, en cualquier caso, el debate parlamentario sobre el estado de la Nación ha marcado una clara tendencia hacia el disenso y ha anticipado una dialéctica Gobierno-oposición más cercana a la que caracterizó la etapa anterior, cuando los actuales papeles del PP y del PSOE estaban invertidos. El presidente Aznar se ha esforzado en figurar como único protagonista de los acontecimientos que se prestan al lucimiento sin reconocer esfuerzos anteriores. Lo anterior sólo se menciona por sus carencias, sus fangos, sus irregularidades, sus desmanes, sus crímenes de Estado. Son los gritos de rigor con los que debe iniciarse cualquier intervención, la cláusula de estilo que antecede a cualquier respuesta a las preguntas de la oposición. Cualquier cuestión se escucha como ofensiva o insolente.

Algún día sabremos cómo quedará el déficit público cuando la contabilidad creativa y otras ingeniosidades sean eliminadas por un sistema de cuentas europeo homogéneo. El exministro de Hacienda, Pedro Solbes, ha explicado en La Vanguardia que el ministro Arenas, al decir que había ordenado contabilizar cuanto no hubiera prescrito con el argumento de ser irrenunciables los derechos de la Seguridad Social, aceptaba implícitamente la afirmación del candidato socialista, José Borrell. Solbes se pregunta si entre los ingresos de la Seguridad Social se han incluido, por ejemplo, las deudas pendientes de las empresas quebradas por el hecho de no haber prescrito. Y Joaquín Estefanía recordaba en EL PAÍS de ayer la cifra estimada por Alberto Recarte en 1997 para el déficit: en torno al 4,5% del PIB, en coincidencia con la aportada por Borrell y en contraste con la oficial del 2,7%. Mientras tanto, es posible que vayamos por la senda de la prosperidad, pero da la impresión de que avanzamos hacia la discordia y el antagonismo civil. Algunas declaraciones de los socios del PP pueden sugerirlo. Por ejemplo, las destinadas por Jordi Pujol a celebrar el aniversario de Pompeu Fabra, anticipadoras de un futuro para los castellanohablantes en Cataluña como el de los fumadores -sólo podrán entregarse al vicio en espacios abiertos o en el retrete-. También son muy estimulantes las manifestaciones dedicadas por Xabier Arzalluz al presidente Aznar y a su partido. Pero de las cuestiones que requieren el consenso del principal partido de la oposición, como la renovación del Tribunal Constitucional, la reforma de RTVE o la ley de financiación de los partidos seguimos sin novedad.