La Junta imputa a la empresa supervisora el fallo del sistema de control de Aznalcóllar

Cinco días antes de la rotura de la presa de Aznalcóllar, la Junta recibió un informe de la empresa supervisora Geocisa que señalaba una serie de averías en los sistemas de control (ver EL PAÍS de ayer). El consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, admitió ayer haber recibido el informe, pero dijo que su conclusión literal era que no había «ningún indicio de inestabilidad generalizada» y que la seguridad era suficiente». De las anomalías en los instrumentos, Gutiérrez dijo que «el mantenimiento de su propio material era problema de Geocisa, y lo tendría que haber arreglado ella».

Los problemas puestos de manifiesto en el informe de Geocisa (la empresa encargada de la supervisión de la presa) se referían a cuatro de los instrumentos llamados inclinómetros, que detectan posibles corrimientos de tierra que puedan poner en peligro la estabilidad de la presa. Uno de ellos estaba inoperante desde mayo de 1997 y otros tres estaban sucios y «habían dado problemas», según el informe.Sobre este asunto, el consejero Gutiérrez afirmó ayer: «En el proceso de investigación sobre por qué se rompió la balsa, un elemento crucial es cómo había informes de Geocisa diciendo que la balsa era estable y que no tenía ningún problema». Y añadió: «Boliden (la propietaria de la mina) tendrá que pedirle explicaciones a Geocisa, y estoy seguro de que la juez le pedirá también explicaciones».

La tesis del consejero es que la propia Geocisa es la que instala y mantiene esos sistemas de control, y que su departamento no entra a valorar el buen o mal funcionamiento de los instrumentos, sino que se limita a recoger sus conclusiones. Y, según él, esas conclusiones eran que no existía «ningún tipo de movimiento anómalo de importancia que señale procesos de inestabilidad».Geocisa realizaba informes trimestrales que entregaba a la empresa Boliden, y también un estudio anual para la consejería de Industria. El informe anual correspondiente a 1997 fue entregado el 20 de abril, cinco días antes del accidente. «El informe nos tranquilizó», dijo ayer Gutiérrez, «porque la empresa responsable afirmaba que aquéllo estaba en condiciones». Según el consejero, «si hubiera alertado de algún posible peligro se habría ordenado la paralización inmediata de la mina».

El lado judicial del desastre de Doñana ganó ayer, mientras tanto, un nuevo giro. La Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA), la organización que más había insistido en la inseguridad que la balsa de Aznalcóllar podía suponer para el parque natural de Doñana, presentó ayer una denuncia en el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en la que pide la prisión preventiva para los directivos de Boliden, o bien una fianza de 50.000 millones de pesetas.

La CEPA también solicita la imputación por «delito ecológico» de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino; de dos consejeros de la Junta (Gutiérrez y el titular de Medio Ambiente, José Luis Blanco); y del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Vizcaíno. Los ecologistas también extienden la querella a los antecesores de todos ellos en el cargo, incluido el anterior ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, José Borrell.

También la vertiente política del desastre sigue engrosando su dossier. El sábado, la alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril (PP), tildaba a los consejeros andaluces de «pandilla de ignorantes». El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, José Antonio Viera, que también es el coordinador del gabinete de crisis que reúne a ambas administraciones, acusó ayer a Becerril de «tratar de sacar rentabilidad política» de las consecuencias del vertido, y de perjudicar el «buen ambiente» y la «colaboración» entre la Junta y el Gobierno central.

El consejero de Industria eludió entrar al trapo y se limitó a comentar que a Becerril se le había «calentado la boca» en un acto de su partido. El de Medio Ambiente, José Luis Blanco, señaló: «El Partido Popular ha tomado por costumbre insultar a la Junta de Andalucía y a los andaluces, y este comportamiento es muestra del respeto que le tienen también a la comunidad autónoma».

Por lo demás, Blanco repitió que los lodos deben estar retirados antes del mes de octubre, una fecha «impuesta por la naturaleza», según dijo, porque es entonces cuando comienzan las lluvias más importantes, que pueden paralizar los trabajos y agravar la contaminación.