El Consorcio de Aguas de Bilbao recurrirá la "escasa" subida de tarifas

El presidente del Consorcio de Aguas de Bilbao, Juan José Olabarria, concejal del PNV en la capital vizcaína, anunció ayer la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión de Precios, dependiente del departamento de Comercio, que imposibilita al Consorcio a realizar una subida de tarifas del 10% y la limita a un 5%. Olabarria, que acusó a la Comisión de hacer "demagogia de la más baja estofa", señaló que este organismo no tiene razón de ser y que no aplica el mismo criterio a todos los ayuntamientos.

El Consorcio sabe que su recurso es "un canto al sol" porque la justicia es lenta. Sin embargo la petición se va a basar en un informe de 1989 de un letrado del Gobierno vasco. En dicho documento se asegura, en base al texto refundido de la Ley de bases de Régimen Local: "Las tarifas deberán ser autosuficientes para la financiación del servicio. Si las tarifas no son suficientes habrá que buscar la fórmula de compensación". "Ni si quiera el incremento de tarifas aprobado por el Consorcio era suficiente para ser autosuficientes", apuntó Olabarria. En todo caso, Olabarria dijo que el Consorcio aceptaría la subida aprobada porque no le queda otro remedio. Un hecho que no le impidió el recurso a la pataleta. En su opinión los ciudadanos deben saber que la subida del agua de un 10% supone un incremento real del gasto de 0,38 pesetas por día y persona. Una cantidad que no consideraba significativa. El coste de agua estimado por persona y día es actualmente de 6,81 pesetas, el solicitado es de 8,37 y el aprobado de 7,99 pesetas. Juan José Olabarria anunció las intenciones y la indignación del Consorcio acompañado por el responsable de los servicios Económicos y Financieros del Consorcio, Gorka Torrealday, y por representantes de tres ayuntamientos: Segundo Calleja, alcalde socialista de Sestao, Mikel Arieta, alcalde nacionalista de Erandio, y José Luis Bernal, teniente alcalde PNV de Galdakano. Una presencia que buscaba reflejar la unanimidad que ya se dio cuando los 43 ayuntamientos del Consorcio aprobaron la subida en un 10% de la tarifas. El incremento autorizado, según los representantes del Consorcio, no permitirá que la empresa sea autosuficiente a comienzos del siglo que viene, tal y como hubieran deseado, y obligará a los ayuntamientos a seguir cubriendo el déficit. La subida de las tarifas iba suponer un incremento en la recaudación cercano a los 300 millones de pesetas, una cifra que ahora se quedará aproximadamente en la mitad, según las cuentas del Consorcio. Esta polémica llevó a los representantes del Consorcio a atacar la propia existencia de la Comisión de Precios y el doble rasero de sus actuaciones. Olabarria aseguró que la comisión es un vestigio del pasado que heredó Euskadi y que no tiene mucho sentido como controlador de precios del agua, transporte urbano y ferrocarril, cuando hay muchos otros precios que nadie controla. Además, el presidente del Consorcio dijo que argumentar que no se subían los precios para controlar la inflación y los objetivos del euro era completamente absurdo, cuando el agua representa el cuatro por mil de la renta familiar. "Consideramos que la Comisión no tiene sentido jurídico y económico", insistió Olabarria. Desde el Consorcio se pidió también que la publicación de la nueva tarifa en el Boletín Oficial se demore lo menos posible, ya que la solicitud se hizo el 2 de febrero y cuanto más se retrase la subida autorizada menos se ingresará. Olabarria se cuestionó también cuándo ha ejercitado la citada comisión "su alta función tutelante de la tarifa del agua", citando como ejemplo cinco municipios -Ermua, Ibarrangelua, Gautegizarteaga o Bermeo- cuyos servicios de agua tienen la tarifa "como un 50% más alta que el Consorcio". "A ver cuándo y con qué criterios se han informado esos expedientes de la tarifa del agua. ¿Qué pasa: está haciendo la comisión dejación de su obligación de informar de las tarifas del agua, o mide con diferente rasero? Este mismo año se han autorizado incrementos superiores al que nos han autorizado. ¿Hay o no criterio, se informa todo o sólo lo que se informa? No hay ni seriedad ni rigor", concluyó.