La nueva Ley Postal abre el camino a la total liberalización del sector

El texto del proyecto de Ley Postal Universal, aprobado por el Congreso de Diputados el pasado 30 de abril y que se encuentra en trámite en el Senado, define como servicios universales los giros, el correo ordinario de servicios nacionales e internacionales (cartas o tarjetas postales hasta dos kilos de peso o paquetes postales hasta 10 kilos) y los servicios accesorios de certificado y valor declarado que permitan proteger los envíos postales frente a los riesgos de deterioro o de robo. Las tarifas máximas para el servicio postal universal las fija el Gobierno para todo el territorio.Para garantizar la prestación de este servicio universal se reservan a Correos y Telégrafos, con carácter exclusivo, los servicios postales interurbanos en régimen ordinario de menos de 350 gramos de peso y transfronterizos, mientras que los envíos interurbanos urgentes se prestan en régimen de libre competencia. Correos también conserva de forma exclusiva el derecho a establecer apartados postales, a utilizar sellos y los servicios de giro.

Todos los demás servicios se prestarán en régimen de libre competencia, con libertad de tarifas, incluso algunos de los servicios universales, como los ordinarios de cartas de carácter urbano, los envíos interurbanos e internacionales de más de 350 gramos y el envío de paquetes de hasta 10 kilos de peso.

Los sindicatos que organizaron la huelga general de Correos del 29 de abril pasado mantenían que el proyecto de Ley Postal pone en peligro la prestación del servicio universal y la supervivencia de la empresa pública. Difieren en la propia definición del concepto y ámbito del servicio universal.

UGT defiende que donde el proyecto habla de "cartas y tarjetas postales, publicidad directa, libros, catálogos, publicaciones periódicas... siempre que se envíen en la modalidad ordinaria y pesen menos de dos kilogramos", debería decir "envíos postales de hasta dos kilogramos", como prescribe el texto de la directiva europea sobre el sector. La definición que respalda UGT es un concepto mucho más amplio, que garantiza que el servicio se mantenga para envíos deficitarios o para zonas geográficas de baja rentabilidad.

Esta posición era unánime entre los sindicatos hasta el pasado 13 de mayo. Entonces, CCOO llegó a un acuerdo unilateral con el Ministerio de Fomento por el que acepta la primera definición de aplicación del servicio universal. El sindicato UGT sólo acepta la segunda, por lo que mantiene, junto a otros cuatro sindicatos, la huelga prevista para los días 21, 22 y 25 de este mes.

Para dividir la reserva de servicios postales, la directiva europea utiliza un criterio combinado de peso y precio de los envíos. El proyecto de ley español incluye dos criterios más: urbano e interurbano. UGT sostiene que estas dos últimas divisiones, además de discriminar a los ciudadanos según su lugar de residencia, impiden al Gobierno imponer obligaciones de servicio universal (en todo el territorio, de forma permanente y a precio asequible), pues el operador de envíos urbanos es local y nunca universal. Y asegura que este criterio geográfico permitirá a los operadores privados incrementar su negocio urbano haciéndose con los envíos más rentables.