Un juez suspende el traspaso de la gestión 33 aeropuertos al sector privado en Argentina
Un juez de Buenos Aires dispuso ayer mantener el aplazamiento de la transferencia de 33 aeropuertos nacionales a manos de empresas privadas (de Argentina, EE UU e Italia) hasta que no esté constituida la entidad reguladora del sector, según fuentes judiciales.El juez Martín Silva Garretón hizo responsable de la falta del Órgano Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), al jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez. El magistrado denegó así el lunes las peticiones del jefe del Gabinete y la Sala V de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires para que revirtiera un fallo con el cual suspendió hace un tiempo el traspaso de las estaciones aéreas, que responde a un recurso presentado por la Unión de Usuarios y Consumidores.
El consorcio Aeropuertos Argentina 2000, formado por la firma Ogden de Estados Unidos, la italiana Assaeroporti, que opera el aeropuerto de Milán, y la argentina Corporación América-Sudamericana, ganó en enero la licitación para la concesión por 30 años de los aeropuertos al ofrecer el pago de derechos anuales por 171 millones de dólares (unos 25.600 millones de pesetas al cambio actual). Cada una de las empresas tiene una participación del 33% en Aeropuertos Argentina 2000.
El juez Silva Garretón calificó de «insólito e inadmisible» la «orden» de la Cámara de Apelaciones para el levantamiento de la suspensión de la concesión de los aeropuertos, indicaron las mismas fuentes.
La entidad de control del sector debe estar integrada por representantes de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires. Fuentes oficiales dijeron que la Jefatura de Gabinete apelará la resolución de Silva Garretón y estimaron que a finales de este mes se decidirá la polémica transferencia de los aeropuertos.
El grupo ganador de la concesión se comprometió a la modernización de las estaciones aéreas, para lo que se prevén inversiones por unos 2.000 millones de dólares (300.000 millones de pesetas) a lo largo de la concesión.
La operación ha sido rechazada por las principales fuerzas políticas argentinas de la oposición, e incluye el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y el Jorge Newbery, de la capital argentina, que concentran al 85% del tráfico aeronáutico del país argentino.
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