El Tráfico choca con el terrorismo

¿Traspaso de nuevas competencias o restitución de un derecho histórico usurpado en 1960 en flagrante contrafuero? El debate está abierto en Navarra y volverá a plantearse cuando el Gobierno de Unión del Pueblo Navarro (UPN) inicie esta semana sus conversaciones preliminares con el Ministerio del Interior para conseguir que la Guardia Civil desaparezca de las carreteras de esta comunidad. El anhelo político es unánime en todas las fuerzas parlamentarias. Se desea que la Policía Foral de Navarra (399 agentes y 50 en fase de ingreso; 117 de ellos adscritos a la Sección de Tráfico) asuma en exclusiva las competencias en materia de control de las carreteras, sustituyendo a la Agrupación de Tráfico de la 522 comandancia de la Guardia Civil de Navarra, que dedica a la tarea a 170 agentes. Sin embargo, esta aspiración, reiterada por el presidente navarro Miguel Sanz en varias ocasiones, choca con un impedimento singular reconocido recientemente por el vicepresidente del Gobierno, Rafael Gurrea, ante una comisión parlamentaria: Interior no desea abandonar las carreteras navarras porque sus agentes de Tráfico ejercen con su presencia "una misión complementaria de seguridad y orden público antiterrorista". A pesar de que el Ejecutivo de UPN-PP no cree que esa sea una "razón objetiva" y lo considera incluso un "fenómeno psicológico", Gurrea reiteró que en círculos ministeriales se estima que el traspaso competencial a Navarra del control del tráfico supondría "una amenaza al blindaje antiterrorista" y "un menoscabo de la seguridad". Cuando se produjo el debate parlamentario, días antes de que ETA asesinara al concejal pamplonés Tomas Caballero, todos los grupos se quedaron perplejos por la vinculación entre ambas cuestiones, máxime cuando la violencia terrorista era prácticamente inexistente en Navarra desde hacía años. Con todo, el Ejecutivo de UPN impulsa un plan director para este cuerpo policial, que, dirigido por el pamplonés José Ignacio Sánchez, comandante del Ejército, ejerce además tareas de protección de edificios y cargos públicos, vigilancia medioambiental y control del juego, entre otros. Esta suma de funciones le llevará a tener en 1991 un total de 617 funcionarios, una plantilla suficiente para asumir en exclusiva las funciones del tráfico, y a contar con un nuevo cuartel en Tudela, cuyo presupuesto supera los 500 millones de pesetas. El Gobierno de UPN considera la función de control del tráfico en las carreteras forales una "competencia histórica de Navarra" y ve en el hecho de que Euskadi y Cataluña ya la desempeñen en exclusiva un "agravio comparativo" que quiere resolver con Madrid. Gurrea puso incluso una fecha a la tramitación legislativa de las iniciativas necesarias para ello (ley orgánica de transferencia o acuerdo de cooperación): diciembre de 1998. Integración generosa El Sindicato de la Policía Foral, mayoritario en el cuerpo, sólo está de acuerdo con su patrón regionalista en una cosa: la competencia es un "derecho histórico" que debe ser restituido, aunque discrepa frontalmente con las ofertas del Gobierno de UPN para facilitar "con generosidad" la integración en la Sección de Tráfico de aquellos guardias civiles que deseen hacerlo. El Sindicato apuntó este mismo año otro motivo para explicar la oposición de Interior a ceder la competencia de tráfico: el ministerio perdería 1.500 millones de su presupuesto, porque en ese caso Navarra se descontaría el coste del servicio asumido de la cantidad que paga al Estado anualmente en concepto de cupo por las competencias que éste sigue desempeñando en la comunidad. El Gobierno de Navarra no cuestiona en cualquier caso que el Estado mantenga, como establece la Constitución, la competencia para expedir, revisar y canjear los permisos y licencias de conducción y también la de suspenderlos en casos de sanciones, al igual que la facultad de realizar las pruebas de obtención de los permisos de conducir y de tramitar la matriculación de vehículos, transferencias, duplicados y bajas.