El PNV no se suma al consenso del PP y sus socios sobre el Ejército profesional

Tras un año y medio de trabajo, la Comisión Mixta Congreso-Senado aprobó ayer tarde el dictamen sobre la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, que prevé la supresión del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre del año 2002 como tope y fija entre 150.000 y 170.000 los efectivos militares futuros.El documento final, que será sometido a ratificación por los plenos de las dos cámaras antes de que acabe este mes, tuvo el apoyo del PP y de sus aliados de Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC) y el rechazo del PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto.

Aunque mantuvo la incertidumbre hasta el último momento, el PNV acabó absteniéndose, al no aceptar el PP una enmienda que proponía eximir de inmediato a los ayuntamientos de la obligación legal de alistar a los mozos. El papel de los consistorios es una cuestión muy polémica en el País Vasco, donde varios alcaldes han sido condenados a penas de inhabilitación por negarse a colaborar en el reclutamiento.

Último esfuerzo del PP

El PP hizo un último esfuerzo por ganarse el voto del PNV ofreciéndole acabar con la intervención de los ayuntamientos el 1 de septiembre del año próximo, pero el representante peneuvista, Pello Caballero contraofertó adelantando esta fecha al 1 de enero, lo que no admitió el portavoz popular, Arsenio Fernández de Mesa.La diferencia de ocho meses no es baladí, ya que el alistamiento de los mozos se realiza en el primer semestre de cada año, por lo que los jóvenes que deben incorporarse al servicio militar en el 2001 y el 2002, los últimos obligados a cumplirlo, deben ser alistados entre enero y julio de 1999. Prescindir de los ayuntamientos en este último contingente, que debe ser sorteado en noviembre del año 2000, complicaría a Defensa el tránsito al Ejército profesional.

La reunión de la Comisión Mixta sirvió para incorporar al dictamen numerosas enmiendas, la mayoría de carácter técnico, de CC, CiU, PNV y PSOE, pero este último partido votó en contra del documento al no aceptárseles las principales: la que pedía adelantar la supresión de la mili en dos años, al 31 de diciembre del 2000, y la que rebajaba a 140.000 los efectivos militares.

El Grupo Popular mantuvo en 170.000 el número máximo de miembros de las futuras Fuerzas Armadas españolas, aunque aceptó situar el mínimo en 150.000, y que sean las Cortes las que quinquenalmente, a través de las leyes de plantillas, determinen la cifra definitiva, lo que por otra parte constituye una obviedad.

Igualmente, se comprometió a que el Gobierno remita al Parlamento en el plazo de una año un proyecto de ley que organice un sistema de reserva y movilización de personal y recursos "acorde con el nuevo modelo de profesionalización", para caso de crisis.