Los populares exigen la destitución de 3 consejeros y que se celebre ya el debate de la comunidad

Lejos de atenuarse el frente político por el desastre ecológico de las minas de Aznalcóllar, el pulso entre la Junta y el PP andaluz se acentúa en este asunto. Los populares exigieron ayer la destitución de tres consejeros por su implicación en la catástrofe y la convocatoria inmediata del debate sobre el estado de la comunidad. La rotura de la balsa con lodos tóxicos sirvió de enganche al portavoz parlamentario del PP, Manuel Atencia, para hacer ayer su discurso contra el Gobierno de Manuel Chaves. "Es un desastre, está sin norte y sin rumbo, está bajo sospecha", dijo.

Las destituciones inmediatas que reclama el PP son las de Guillermo Gutiérrez, consejero de Industria; José Luis Blanco, Medio Ambiente, y Manuel Pezzi, de Educación, y anterior titular del departamento que ahora dirige Blanco. "El desastre de Aznalcóllar es la demostración del Gobierno de Chaves. Se están pidiendo a gritos cambios", dijo Atencia. Los populares entienden que el Gobierno andaluz pasa en estos momentos un momento difícil, que podría reflejarse de una manera más evidente en el debate sobre el estado de la comunidad. Atencia, así, ligó ayer la catástrofe ecológica con la conveniencia de que se celebre ya este debate. "El debate sobre el estado de la comunidad debe producirse de inmediato para que se pueda hablar de la realidad de Andalucía. No se puede demorar más", subrayó el dirigente popular. Comisión de investigación Asimismo, apuntó a la necesidad de que en el debate que se va a celebrar hoy en el Parlamento sobre la rotura de la balsa de la mina se llegue al acuerdo para crear una comisión de investigación sobre las causas del siniestro y que logre depurar las responsabilidades técnicas y políticas que se deriven del asunto. Hizo Atencia encaje de bolillos para justificar la coherencia de pedir la petición de las destituciones fulminantes de los tres consejeros y, al mismo, tiempo solicitar la creación de una comisión de investigación que analice las responsabilidades políticas del desastre. Argumentó, para defender ambas posiciones, que en este caso hay unas responsabilidades evidentes, que en este caso afectan a estos tres consejeros. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, por su parte, afirmó que el Gobierno de Chaves tiene previsto celebrar el debate del Estado de la Comunidad al final del periodo de sesiones del Parlamento, como es costumbre, con el fin de poner un colofón al curso político. En unas declaraciones en el Palacio de San Telmo, Zarrías no quiso entrar en la petición de dimisión de los tres consejeros de su gabinete y abogó por anteponer a cualquier discusión la pronta solución a los vertidos tóxicos en el menor tiempo posible: "Ésta es la tarea de la Junta, es lo prioritario. No va a salir de la boca de un representante de la Junta de Andalucía ninguna palabra de reproche, sólo: trabajo, trabajo y trabajo". A renglón seguido, el consejero arremetió contra Isabel Tocino y dijo: "Es triste y patético que nos encontremos todos los días con respuestas de la ministra intentándo quitarse el muerto de encima, cuando evidentemente corresponde a todos, incluido, como no podía ser de otra forma, la responsable del ministerio de Medio Ambiente de España". Zarrías añadió que, pese al Gobierno de José María Aznar, Andalucía sigue creando empleo, "como la primera, y sigue dando un ejemplo del saber hacer", y pidió al PP andaluz que interceda para que el Ejecutivo central colabore con la Junta para que ponen Andalucía a la cabeza de la reducción del déficit y creación de empleo se multiplique. Por otra parte, Atencia adelantó que en el pleno del Parlamento del miércoles preguntará a Chaves si está dispuesto a mantener su compromiso de que la Ley de Cajas salga adelante con el mayor consenso posible. A juicio de los populares, el anteproyecto de ley, que en estos momentos está estudiando el Consejo Consultivo, no responde más que a un reparto de poder entre andalucistas y socialistas, socios en el Gobierno andaluz. Atencia insistió en sus acusaciones de que se trata de una ley con marcado carácter "intervencionista".