La policía de Zaragoza expulsa a inmigrantes sin la autorización judicial

La organización no gubernamental SOS Racismo ha anunciado que exigirá responsabilidades por el caso de un ciudadano liberiano al que la policía expulsó a Ghana sin la correspondiente autorización del juzgado. No es la única vez en que esto ocurre. La propia policía reconoce, en un escrito remitido al juzgado, que existe un acuerdo para actuar de esta forma entre ellos y los tribunales.En el caso de Tijack Mason la historia tiene ribetes dramáticos, entre otras razones porque, además, la policía le atribuye una nacionalidad que no es la suya y lo deportó a Ghana, de donde también puede ser expulsado. El titular del juzgado de instrucción número uno de Zaragoza remitió un escrito a la policía pidiendo datos sobre el caso y recordando que antes de la expulsión era preceptivo autorizar el cese de su internamiento en un centro de extranjeros. Pero Tijack, que había sido internado en el centro de La Verneda (Barcelona) ya que en Zaragoza no hay ya un lugar de internamiento, ya había sido expulsado. Se realizó el mismo día en que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó auto suspendiéndola con carácter de urgencia. La denuncia, firmada por SOS Racismo, Cáritas, Comisiones, UGT, el Movimiento Contra la Intolerancia, la Asociación Latinoamericana y la Coordinadora de Inmigrantes, anuncia que van a exigirse responsabilidades en que hayan podido incurrir miembros de los tribunales, o de la policía. Se apoya en que este tipo de expulsiones se vienen produciendo en Zaragoza, de forma habitual, y con el conocimiento "tácito de algunos juzgados de instrucción según manifiesta la propia policía".

El oficio del juzgado número uno de Zaragoza aseguraba que "en ocasiones anteriores se ha observado que se ha procedido a realizar expulsiones de extranjeros detenidos".

La policía reconoce que fue expulsado el uno de abril, por una orden de la Delegación del Gobierno de Aragón y que no se pidió permiso judicial por un "error involuntario por parte de los funcionarios encargados de solicitarla, ya que coincidió en fechas con la Semana Santa, y en el afán de dejar terminados el mayor número posible de expedientes".

Añade que "desde hace tiempo hay un acuerdo verbal y tácito de dar cuenta de las expulsiones una vez materializadas".