Los españoles dan un rotundo suspenso a la Administración de Justicia con un 3,6
Los españoles califican la situación actual de conjunto de nuestra Administración de Justicia con un rotundo suspenso: 3,6 puntos en una escala de 0 a 10. Y los ciudadanos no sólo piensan que la justicia es ineficaz, sino que además una amplia mayoría (el 60%) opina que el Gobierno trata de influir sobre las decisiones judiciales, frente al 28% que cree que la justicia es independiente del Ejecutivo. Estas son algunas de las conclusiones del Barómetro de Primavera elaborado por Demoscopia para EL PAÍS del que ayer se publicó lo referido a la situación política y económica.
El 77% de los entrevistados considera que la Administración de Justicia es tan lenta que, siempre que se pueda, vale más no acudir a ella. Un 85% cree, además, que esta lentitud va en perjuicio, fundamentalmente, de los más débiles.El 79% piensa que el lenguaje de la justicia es innecesariamente oscuro e incomprensible para el ciudadano medio. Y el 75% declara que la organización de la justicia se ha quedado anticuada y necesita una reforma a fondo y urgente.
La segunda gran deficiencia que señalan los entrevistados es el inadecuado nivel de independencia que, desde su perspectiva, tienen nuestros tribunales. Para un 60% son importantes las presiones de grupos económicos y sociales sobre la justicia. Y un 71% destaca las presiones de tipo político. En este punto es de resaltar el claro aumento que registra a lo largo del último decenio la percepción social de que el Ejecutivo trata de incidir sobre los tribunales: en 1986 el 40% de los españoles opinaba que la justicia era independiente, en su funcionamiento diario, del Gobierno, y otro 40% pensaba que no lo era. Ahora sólo un 28% percibe una justicia independiente del Gobierno, y un 60% la visualiza, en cambio, como presionada por éste.
Por otro lado, sólo un 32% de los españoles cree que, por lo general, los tribunales terminan dando la razón a quien efectivamente la tiene (el 53% piensa lo contrario), y las opiniones se dividen a la hora de evaluar el grado de coherencia de nuestra justicia: un 40% considera que suele resolver de forma similar los casos similares, y un 41% no lo cree así. En conjunto, pues, como puede verse, una imagen fuertemente crítica.
Buena opinión del juez
En este contexto resulta destacable que los jueces sean objeto de una valoración positiva: para el 66% de la ciudadanía, éstos están bien preparados y son competentes; para un 45% (frente al 36% que opina lo contrario), actúan por lo general con honestidad y honradez. Y, en todo caso, dos de cada tres españoles indican que, con todos sus defectos e imperfecciones la Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.De todo este conjunto de datos parece emerger la conclusión de que la ciudadanía achaca fundamentalmente las deficiencias -múltiples y graves- de nuestra justicia más a la forma actual en que está organizada y funciona que a los profesionales que la integran.
Por lo que hace al juicio con jurado, su existencia sigue contando con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, pero de forma más reticente que hace sólo seis años. En la actualidad se muestra conforme con la existencia del jurado el 53% de los españoles, y disconformes con el mismo el 26%. Es decir, predominan los juradistas en proporción de dos a uno. Pero en 1992 estaban a favor del jurado el 63%, y en contra tan sólo el 3% (es decir, un porcentaje 20 veces menor).
La amplia repercusión pública de determinados incidentes y escándalos relacionados con juicios con jurado (paradigmáticamente el caso Otegui) parecen haber mitigado considerablemente el aprecio en nuestra sociedad por esta institución. La situación es de un básico empate, con ligera preferencia a favor de los jueces.
