Caos en Doñana

EL PASO de los días no ha contribuido a aclarar las circunstancias del desastre ecológico provocado en el parque de Doñana por la rotura de la presa de decantación de la mina de Aznalcóllar. Aunque parezca insólito, solamente está clara la responsabilidad civil de la empresa propietaria, la sueca Boliden Apirsa, que asumió públicamente los costes de las indemnizaciones de los daños producidos por la marea contaminante. El resto es confusión e incertidumbre. Casi dos semanas después de la rotura de la presa que ha sitiado Doñana con un anillo de vertidos tóxicos, siguen sin conocerse las causas de la riada, y la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, sólo ha ofrecido especulaciones e hipótesis durante su comparecencia en el Congreso.La ministra dedicó gran parte de sus esfuerzos a sacudirse las responsabilidades políticas de la catástrofe y trasladarlas a la Junta de Andalucía con el argumento de que «la gestión del medio ambiente está transferida». La versión de Isabel Tocino, si es correcta, presenta algunas contradicciones. Si su ministerio no tiene competencias sobre un accidente catastrófico, ¿para qué sirve su departamento? ¿Solamente para legislar? ¿No tiene responsabilidades el Gobierno en un caso que claramente exige la declaración de alarma nacional, situación que requeriría la movilización de recursos más allá de las posibilidades de la Junta? Si se defiende que la gestión medioambiental está transferida es incoherente que otros miembros del Gobierno recuerden de forma oportunista que la precariedad de la presa ya fue denunciada al anterior ministro de Obras Públicas, José Borrell.

Si el Gobierno está resbalando en esta cuestión, la posición de la Junta andaluza no resulta mucho más airosa, aunque sí más prudente. La respuesta política de Chaves ha sido, después de un primer intercambio de acusaciones con el Ejecutivo, el silencio, con la excusa siempre agradecida de no entrar «en una guerra sobre competencias y responsabilidades». Pero la opinión pública tiene derecho a conocer con exactitud esas responsabilidades. Es poco probable que tal conocimiento surja de la comisión de investigación que propone crear la ministra, porque tal procedimiento ofrecerá como conclusión la que se derive de la relación de fuerzas políticas en el Parlamento.

Mala excusa parece el deseo de rehuir conflictos políticos cuando, a cambio, tampoco se cuidan los aspectos ecológicos. Los ciudadanos son sobresaltados un día sí y otro también con nuevos datos sobre el inexorable envenenamiento del parque. El último ha sido la existencia de arsénico en los lodos tóxicos, un contaminante que Boliden no había declarado. El Gobierno y la Junta no tienen información sobre este aspecto; tampoco confirman o desmienten que el veneno haya llegado a las aguas superficiales interiores y afecte ya a los animales. Ni Tocino ni el presidente andaluz parecen capaces de ofrecer una explicación clara, suficiente y creíble que dé confianza a la opinión pública. Éste es el drama político que hay que sumar a la tragedia ecológica.