El proyecto del PA sobre comarcas propone transferir 14 competencias

El proyecto sobre la comarcalización de Andalucía que prepara el PA propone la transferencia o delegación exclusiva de 14 competencias a esta figura territorial, de entre la treintena larga que actualmente manejan las mancomunidades de municipios. Los andalucistas -que presentarán una iniciativa en el Parlamento sobre este tema, en contra del criterio del PSOE- no han evaluado el coste de la nueva figura organizativa, a la que quieren dotar de una estructura similar a la de los ayuntamientos.

La ley de comarca es una vieja aspiración nacionalista, de la que nunca han querido oír ni hablar el resto de los partidos, y uno de los pilares programáticos del PA en su coalición de gobierno con el PSOE. Tanto es así, que recién constituido el Ejecutivo andaluz, tras las elecciones de marzo de 1996, los andalucistas presentaron por sorpresa una iniciativa en el Parlamento para que en el plazo máximo de seis meses se elaborara una ley de comarcas y se esbozara un mapa. El envite se quedó ahí, pero el PA logró poner en un aprieto al PSOE, quien se vio obligado a decir que aceptaba la propuesta como referencia administrativa, aunque cuestionó la creación de órganos nuevos de gobierno. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, llegó, incluso, a pedir tiempo para reflejar el proyecto en los presupuestos de 1997. La polémica fue el primer roce entre los socios de la Junta. Casi dos años después, los andalucistas vuelven a insistir, y esta vez con algo más que una vaga reivindicación. Un grupo de profesores ha diseñado un modelo concreto, en el que se analiza el marco jurídico y el proceso para llegar a la organización territorial por comarcas. La semana próxima el PA presentará una proposición no de ley en el Parlamento. Desde el primer intento hasta ahora, no sólo los andalucistas han afinado su postura. El PSOE ha dejado atrás los pases de salón y se manifiesta abiertamente en contra de una posible ley, como apuntó hace unas semanas la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, quien llegó calificar el empeño del PA de "disparate". No obstante, el portavoz parlamentario andalucista y vicepresidente de su partido, Pedro Pacheco, opina que el proyecto no tiene nada de descabellado, ya que se trata de adaptar a la ley lo que está ocurriendo en buena parte del territorio andaluz. Según el también alcalde de Jerez, en la actualidad, es la figura de la mancomunidad la que está supliendo a la comarca, con el agravante de que esta forma administrativa permite huir del control político de los ayuntamientos. De hecho, el texto del proyecto andalucista recoge que llegan a 36 las materias en torno a la que se agrupan varios municipios para cooperar, ya sea de forma mancomunada o en consorcio. "Está claro que se está abusando de la mancomunidad", afirma Pacheco, quien achaca la resistencia de Hermosín al recelo propio de las "élites burocráticas" a los cambios organizativos. La propuesta andalucista es que se llegue a la comarcalización a través de los leyes sucesivas: una ley marco, que definiría la naturaleza jurídica del ente local de comarca, sus órganos de gobierno y competencias; y una segunda, con el mapa comarcal, en el participarían los propios municipios y el Consejo de Gobierno. El PA se inclina por relegar el Estatuto de Autonomía -que en su artículo 5º regula la ley de comarcas- en favor de la legislación estatal básica: Ley de Bases de Régimen Local (LBRL). La explicación es sencilla. El Estatuto no concibe la comarca como un ente local necesario, sino que exige el acuerdo de todos los ayuntamientos afectados, y también que las comarcas estén integradas en los límites de la provincia. La LBRL, sin embargo, sólo requiere que la oposición sea inferior a dos quintas partes de los municipios y, además, admite la posibilidad de crear comarcas cuyo territorio esté en más de una provincia.