La Audiencia juzgará este verano a un diputado foral vizcaíno por prevaricar cuando era alcalde

La Audiencia de Bilbao juzgará este verano al actual diputado vizcaíno de Agricultura, el peneuvista Patxi Sierra-Sesúmaga, por un presunto delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) al prorrogar ilegalmente el contrato de un trabajador -primo tercero suyo- cuando ocupaba la alcaldía de Galdakao en 1993. Sierra-Sesúmaga tomó la decisión mediante un decreto a pesar de los informes negativos del secretario municipal y la jefa de personal. El ex alcalde de Galdakao ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado también ilegal la contratación y el Gobierno ha multado al consistorio con dos millones de pesetas.

El procesamiento del diputado de Agricultura se basa en una denuncia interpuesta en 1994 por un funcionario del Ayuntamiento de Galdakao, quien acusó al entonces alcalde de haber contratado "a un familiar" en 1993 sin existir dotación presupuestaria para el puesto. Luego, según el informe del fiscal, Sierra-Sesúmaga prorrogó el contrato en dos ocasiones más, también por decreto, pese a "la advertencia de ilegalidad" hecha por la jefa de personal y el secretario del Ayuntamiento. El juicio se tenía que haber celebrado en 1996, pero el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao lo mantuvo paralizado al existir otra causa abierta, esta vez en el tribunal contencioso-administrativo. Esta demanda había partido de la Junta de Personal del consistorio de Galdakao, que acusó al alcalde de contratación irregular de un economista, en sustitución del titular de la plaza. Éste quedó relegado "sin motivo alguno" y trasladado a un local denominado la carbonera, donde permanecía durante la jornada laboral entre cepos de coche, una manguera y un asiento de coche "sin asignarle ninguna función", según el informe de la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco. Los abogados defensores lograron paralizar ambas causas aduciendo separadamente, tanto en el juzgado como el Tribunal Superior de Justicia, que suspendieran sus respectivos procedimientos porque había otro en curso. La situación se desbloqueó en marzo de 1997, cuando el Tribunal Superior dictó una resolución que consideraba ilegal la contratación del economista. La demora persistió unos meses, ya que hasta noviembre de ese año el juzgado no tuvo conocimiento del auto del Tribunal Superior. Finalmente, en marzo pasado, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 dictó un auto que reabría el proceso penal y fijó la celebración de juicio, que ahora corresponde señalar a la Audiencia Provincial. Fuentes de este órgano estimaron que la vista oral se celebrará este verano, probablemente en el mes de junio, teniendo en cuenta que deben transcurrir dos meses desde la entrada del auto a la Sala que le corresponda hasta el juicio. Fianza En su resolución, la titular del número 5 impuso a Sierra-Sesúmaga una fianza de 300.000 pesetas. El fiscal solicita para el ex alcalde una pena de seis años de inhabilitación especial "por un delito continuado de prevaricación", la suspensión de empleo y cargo público durante seis meses y una multa de 200.000 pesetas, mientras que la defensa pide la libre absolución. El actual diputado vizcaíno de Agricultura sufrió su primer revés jurídico de importancia a principios de 1997. Después de que el Ayuntamiento tuviera que indemnizar con 200.000 pesetas al economista relegado de su puesto, el Gobierno vasco multó al consistorio de Galdakao con dos millones de pesetas por discriminarle. Según la resolución, los mandatarios de este municipio utilizaron de manera "interesada" y "a escondidas" su cargo para "privar a un trabajador de sus derechos" al tiempo que calificaban la actuación municipal de "muy grave". Los dos millones de pesetas no fueron pagados por el Ayuntamiento, por lo que el Gobierno vasco decidió retirar una subvención de 1.827.000 pesetas que iba destinada al plan de prevención de drogodependencias "como primer pago a la deuda pendiente". Junto a ello (ver EL PAÍS del pasado 2 de mayo), el Tribunal Superior ha anulado todo el presupuesto de Galdakao de 1993, una resolución inédita en un Ayuntamiento vasco. El alto tribunal estimaba "disconforme a derecho" las cuentas de dicho año, debido a la falta del informe del secretario municipal y la advertencia del interventor sobre la ilegalidad que suponía que los ingresos previstos no coincidieran con los gastos.