El presidente de la Confederación del Tajo, imputado por delito ecológico

Los trabajos de construcción del trasvase Picadas-Toledo se adentran cada vez más en la vía judicial. El juzgado número dos de Navalcarnero, que mantiene paralizadas estas obras desde el mes de octubre, ha citado como imputados por un supuesto delito ecológico al presidente de la Confederación del Tajo, José Antonio Llanos; al director de las obras, Juan Torres Cerezo, y a dos ingenieros de la constructora FCC. La conducción comenzó a construirse en una zona protegida sin el preceptivo informe de impacto.

La juez que tramita la querella contra los responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de FCC escuchará el próximo día 12 sus explicaciones. Deben justificar por qué iniciaron las obras sobre una zona de especial protección para las aves (ZEPA) sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. El juzgado, posteriormente, determinará si archiva la causa o mantiene las imputaciones.El trasvase Picadas-Toledo, unos trabajos de 22 kilómetros de longitud con un presupuesto de 8.000 millones de pesetas, comenzó a construirse en 1996. Su fin era llevar el agua desde los pantanos madrileños del Alberche a la comarca toledana de Valmojado. Un año antes, el Gobierno central había declarado las obras de urgencia a causa de la fuerte sequía que azotaba en aquellas fechas el centro peninsular. Por eso, y para acortar los plazos de ejecución de las obras, se eximió a la canalización del correspondiente estudio de impacto ambiental. La elaboración de un informe de impacto alargaría más de un año los trámites administrativos.

Pero, 1996, año en que se emprendieron los trabajos, fue uno de los años más lluviosos del siglo. La Comunidad reclamó entonces a la Confederación que elaborase el informe de impacto, ya que la urgencia de las obras había acabado. El estudio se realizó, pero salió negativo. El informe determinó que, si se construía la canalización prevista, unos valiosos montes preservados en Aldea del Fresno iban a resultar gravemente dañados.

Nueve murciélagos

La Confederación Hidrográfica del Tajo decidió entonces cambiar el trazado previsto para salvar estos montes. Pero se negó a estudiar el impacto que el nuevo trazado podría ocasionar. Sin contar con la Comunidad empezó a construir el trasvase sobre el trazado de una vieja vía de tren. Creyó que así solucionaba el problema. Pero se equivocó. Al introducir las tuberías en el interior de un túnel ferroviario abandonado, una colonia de nueve murciélagos pertenecientes a una especie protegida salió a su paso. Si se llevaban a cabo las obras, los quirópteros peligraban. Medio Ambiente dio la voz de alarma.La fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia se echó entonces encima de la Confederación del Tajo. El propietario de una de las fincas a la que afectaba al nuevo trazado se unió a la querella del fiscal.

Finalmente, el juzgado de Navalcarnero admitió a trámite ambas denuncias y paralizó las obras a finales de 1997. La juez encontró posibles "indicios racionales de criminalidad" y que los trabajos no se ajustaban "a las normas protectoras del medio ambiente".

La Confederación Hidrográfica del Tajo recurrió entonces el auto judicial, pero sus argumentaciones fueron rechazadas. Incluso, intentó recusar a la juez encargada del caso porque no la consideraba competente para llevar un asunto que afectaba a dos provincias. La juez rechazó esta argumentación. La Confederación apeló entonces a la Audiencia Provincial para que levantase las medidas de paralización de las obras. La Audiencia aún no ha decidido sobre esto.

Mientras tanto, el juzgado de Navalcarnero tiene las manos libres para analizar a fondo la posible "comisión en firme del delito imputado". El día 12 los responsables de las obras tendrán que declarar.